Si nos atenemos a la experiencia, el miércoles próximo comienza el tiempo del imperio de la cruda realidad. Entre fines de noviembre del año pasado y los festejos del Carnaval, siempre ha prevalecido un lapso de relativa tranquilidad. Y si bien este año comenzó tormentoso, climática y políticamente hablando, todos los conflictos fueron suspendidos o aminorados ante la llegada de las carnestolendas.
Pero, desde el miércoles la situación ha de variar y las autoridades de gobierno deberán optar o por recuperar la iniciativa en la administración del Estado y las relaciones con la sociedad o mantener como primera prioridad legitimar una nueva e inconstitucional postulación del Primer Mandatario. Más aún, éste tendrá que comprender que el destino de su proyecto político y su liderato dependerán de esa opción.
Bien harían en recordar que desde su derrota en el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 la gran mayoría de sus decisiones han sido desacertadas y contraproducentes para ellas mismas. Hay muchos ejemplos pero los más contundentes son, sin duda, la elección judicial, la derogatoria del Código del Sistema Penal y la cantinflesca sentencia constitucional que pretende legitimar una nueva e inconstitucional postulación del Presidente. Por último, las autoridades deberían analizar reflexivamente lo que está pasando en la región y, adicionalmente, nuestra propia historia.
Esos datos concretos de la realidad debieran ser suficientes para que en los niveles principales del gobierno se opte por privilegiar una buena administración estatal en lo que resta de la actual gestión, no sólo porque la ciudadanía muestra cada vez mayores niveles de insatisfacción y frustración pues las malas decisiones que se adoptan afectan a su vida cotidiana y también porque está cansada de la forma grosera en que es tratada cuando se anima a expresar esos sentimientos, como lo sucedido en Tupiza cuando una demanda de solidaridad sacó de quicio al Presidente.
Ese cambio de timón también permitiría revertir los procesos de deslegitimación que está sufriendo el oficialismo y precautelar el proyecto original del MAS que convocó a la mayoría ciudadana. Más aún en circunstancias en que, a diferencia de los pasados años, hoy nuestra economía presenta síntomas de desaceleración que, sin oportunas y coherentes medidas de austeridad y racionalidad, podrían terminar en un descontrol macroeconómico que, sin duda, repercutiría en la acción política.
El país ingresará, pues, a una etapa muy difícil en la que, además, tendrá un papel importante una serie de movimientos emergentes con capacidad de interpelación al oficialismo y a la oposición, pero con límites de acción muy estrechos.
