Las dos explosiones que ocurrieron el sábado y martes recién pasados en Oruro, y particularmente la última, fueron una muestra de la irresponsabilidad que existe en el manejo de las denominadas redes sociales.
Lo más reprochable de la tragedia del sábado, en la que el saldo fatal, todavía preliminar, habla de ocho muertos, fue el manejo de imágenes sanguinolentas y perturbadoras sin control alguno.
Seguramente el público lector boliviano habrá notado que, de un tiempo a esta parte, los periódicos considerados “serios” dejaron de publicar fotografías de cadáveres en sus primeras páginas y, si ahora lo hacen en sus páginas interiores, es cuando no queda más remedio que hacerlo aunque la más de las veces se opaca la foto para evitar que esta sea apreciada con detalle.
La explicación a esa conducta es sencilla: se ha demostrado que la difusión de imágenes de cadáveres, y peor aún si es con profusión de sangre o cercenamiento de miembros, lastiman la sensibilidad humana y, lejos de contribuir a que los crímenes se repitan, lo que parecen hacer es coadyuvar a que se reproduzcan.
Por ello, desde las aulas de las carreras de Ciencias de la Comunicación hasta las redacciones de los diarios, lo que se recomienda es disminuir lo más posible la publicación de ese tipo de imágenes. Los periódicos que lo siguen haciendo son aquellos que, por decisión propia, se dedican a temas policiales y forman parte del denominado “periodismo amarillo” que da preferencia a crónica roja y, si la ley no lo prohíbe, incluso desnudos.
Para llegar a ese punto fue necesario un largo proceso en el que primaron las reflexiones deontológicas. Sin embargo, ahora que en las redes sociales se puede publicar todo, incluidas las fotografías de pedazos de cadáveres, como ocurrió tras la primera explosión en Oruro, parece que todo ese trabajo en procura de no afectar la sensibilidad ciudadana ha caído en saco roto.
Lo que ocurrió después de la segunda explosión también va en contra de todo lo que se ha hecho con el fin de tener un buen periodismo.
Mientras los medios de comunicación formales se esfuerzan para acercarse lo más posible a la verdad, las redes sociales se han convertido en el terreno más amplio para el rumor, la mentira y la desinformación.
Eso se vio después de la segunda explosión ya que, en medio de la zozobra general, hubo muchas personas que divulgaron versiones en el sentido de que se habían producido hasta tres atentados en cadena, y hasta precisaron los lugares donde habrían ocurrido, o se habló, también, de que hubo tiroteos.
Para redondear la cadena desinformativa, circularon audios en los que se podía escuchar no solo gritos de gente desesperada sino también varias explosiones y hasta supuestos disparos.
En una actitud del todo censurable, algunos miembros de la oposición aprovecharon la tragedia para crear situaciones de incertidumbre. Uno insinuó que lo sucedido en Oruro era el preludio de una dictadura al estilo militar mientras que otro señaló que ya hay grupos terroristas operando en Bolivia.
Por si eso no fuera poco, un prominente miembro del oficialismo echó mano de la versión típica del gobierno cuando no puede justificar algo: dijo que los atentados eran obra de la extrema derecha.
Todas estas actitudes van en contra de una sociedad políticamente organizada que se desarrolla sobre un determinado territorio y de acuerdo a sus leyes. Son —porque no cabe otro término— acciones antisociales.
Que las redes sociales se hayan convertido en el mejor escenario para acciones antisociales son la más clara muestra de que estas están muy lejos de la confiabilidad de la que todavía gozan los periódicos y, en general, la prensa que hace su trabajo como debe ser.
Que las redes sociales se hayan convertido en el mejor escenario para acciones antisociales son la más clara muestra de que estas están muy lejos de la confiabilidad de la que todavía gozan los periódicos y, en general, la prensa que hace su trabajo como debe ser
