La Alcaldía de La Paz es una de las más grandes del país y, por lo mismo, enfrenta problemas menores a los de municipios pequeños como son los sureños. Sus experiencias, por tanto, deberían servir para evitar caer en algunos de sus errores más perniciosos.
Un claro ejemplo es el transporte público de pasajeros. Como en el resto del país, el que inicialmente era un servicio se convirtió, con el tiempo, en un sector con peso político específico que, por eso mismo, resulta difícil de controlar.
Durante años, los problemas de La Paz eran similares a los del resto del país: los choferes eran dueños de las rutas y ocasionaban tediosos embotellamientos vehiculares simplemente porque no querían cambiar sus viejas costumbres. La solución a muchos de esos problemas fue la creación de un Servicio de Transporte Municipal (Setram) que puso en circulación los buses denominados “PumaKatari”.
Por todo lo que se reporta desde la sede de gobierno, y comprobamos personalmente al viajar allá, el servicio es como debe ser un transporte público: organizado y sin complicaciones. Hay paradas definidas y los buses sólo se detienen en estas. Los conductores no son malcriados y los buses no se detienen en media calle para recoger pasajeros. Desde luego, la mayor parte de esas ventajas se explica por el hecho de que el Setram está subvencionado.
El hecho es que la Alcaldía de La Paz anunció la ampliación del servicio y los choferes —sindicalizados, federados y ramas afines— se sublevaron y hasta llegaron a paralizar la sede de gobierno. Saben que son impopulares y que su servicio es malo pero no les importa. Advirtieron que, si se amplía el Setram, ellos tomarán represalias y punto.
Esa actitud reconfirma lo que todos sabemos del transporte organizado: basándose en su tamaño, determinado por el número de sus afiliados, se ha convertido en un factor de poder que no sólo puede tener acceso a espacios en concejos municipales o asambleas legislativas sino que es capaz de tumbar gobiernos regionales.
Si nos ponemos a pensar en nuestras realidades regionales, entenderemos que vamos retrasados en lo que a transporte público se refiere.
Con proyectos de teleférico que son sólo eso, estamos en manos del transporte organizado que hace lo que quiere y cuando quiere.
Si algún gobierno municipal intenta poner orden, las federaciones o sindicatos frenan o distorsionan cualquier iniciativa porque para ellos el transporte no es un servicio sino un negocio o, para decirlo más suavemente, una forma de ganarse la vida.
A los choferes no les interesa que el oficinista llegue tarde al trabajo y no alcance a “tiquear”, o que el estudiante se pierda una clase, tal vez un examen, por no llegar a tiempo al colegio donde todavía persiste la costumbre de cerrar la puerta luego de la formación. Ellos van por las calles dejando que su velocidad la determinen los otros conductores. Corren para ganarles pero, como su objetivo es captar la mayor cantidad posible de pasajeros, se detienen en lugares clave y esperan, esperan y esperan hasta que su vehículo se llene. Así es como se producen los embotellamientos vehiculares que son más conocidos como “trancaderas”.
En ciudades como Sucre y Potosí, ningún alcalde ha sido capaz de poner orden al tráfico vehicular. Todo intento se diluye frente a las amenazas de medidas de presión por parte de los choferes. Está más que claro que les tienen miedo. Y es que, además de bloquear fácilmente poniendo sus vehículos a lo largo de una calle, también pueden mover masas de votantes. Eso es a lo que más temen los políticos.
El problema es que, mientras tanto, el caos vehicular crece y amenaza con convertirse en un problema cada vez más difícil de resolver.
La Alcaldía de La Paz es una de las más grandes del país y, por lo mismo, enfrenta problemas menores a los de municipios pequeños como son los sureños. Sus experiencias, por tanto, deberían servir para evitar caer en algunos de sus errores más perniciosos, por ejemplo, en materia de transporte público.
