Una vez iniciada la fase de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y aunque todavía no intervinieron sus representantes, ya se puede prever cuál será la estrategia de Chile en esta etapa del proceso.
Aunque rehusó ofrecer detalles, por razones estratégicas, el representante de Chile ante la CIJ, Claudio Grossman, anticipó el argumento medular de su país: pretenderán que se responsabilice a Bolivia por el estallido de la Guerra del Pacífico.
Escuchar algo así, cuando los bolivianos nos pasamos la vida con la repetición de que Chile invadió el Litoral; es decir, fue quien dio el primer paso para la guerra, resulta difícil pero lo que dijo el representante tiene algún sentido, así sea mínimo. Señaló que Bolivia rehusó acudir a un arbitraje, establecido en un tratado previo, para resolver el problema de los diez centavos de impuesto que se fijó a cada quintal de salitre a ser exportado desde sus costas.
Entonces, uno de los núcleos del debate será el inicio de la guerra. Que Chile no tenga la razón no significa que no planteará su punto de vista. Lo que hará será decir que las acciones armadas (porque no utilizará el término “invasión”) fueron el resultado de los incumplimientos de Bolivia.
Por lo tanto, además de los recursos y argumentaciones jurídicas, aquí hará falta, fundamentalmente, la interpretación histórica. Y, por ello, la respuesta lógica de nuestra delegación tendría que ser que Chile no actuó como consecuencia de la negativa del arbitraje sino que se había preparado para la guerra desde mucho antes de que el gobierno del presidente Hilarión Daza fijara el impuesto de 10 centavos.
Una guerra no se asume de la noche a la mañana. Una de las razones por las que la del Pacífico terminó tan mal para Bolivia es que el país no estaba preparado para una conflagración bélica. Con los efectos recientes de una peste e incluso un terremoto en la costa, se sorprendió cuando Chile, sin declaratoria de guerra de por medio, tomó el puerto de Antofagasta el 14 de febrero de 1879. Y mientras Bolivia reaccionaba de la sorpresa, las tropas chilenas comenzaban su avance porque su objetivo no sólo era defender los intereses de sus ciudadanos en el Litoral boliviano sino llegar hasta las salitreras peruanas.
Como parte de su preparación para la guerra, dos de los acorazados de la armada chilena, Lord Cochrane y Blanco Encalada, fueron construidos en Inglaterra ya en 1875. Y ahí está, también, otros de los argumentos que deberían ser centrales en la exposición: la influencia que tuvo la corona inglesa en esta guerra.
Vistas las cosas con simplismo, parecería que los argumentos de Chile son fáciles de destruir. Incluso las declaraciones de ayer del presidente Sebastián Piñera, en el sentido de que Antofagasta perteneció desde siempre a su país, reflejan un alto grado de ignorancia ya que los documentos han demostrado en su momento que ese puerto, y lo que era el Litoral boliviano, formaron parte del territorio boliviano al llegar 1825, cuando la lógica para fijar límites fue el “Utti possidettis juris” (lo que habéis poseído seguiréis poseyendo).
Y el detalle está, precisamente, en los documentos. Para probar sus afirmaciones, especialmente sobre la intromisión inglesa y los preparativos anticipados de Chile para la guerra, Bolivia necesita documentos, papeles, porque éstos serán los que la Corte Internacional de Justicia valore.
Uno de los grandes problemas al respecto es que muchos de esos papeles quizás estuvieron en poder del presidente Hilarión Daza quien, al volver a Bolivia, fue cobardemente asesinado en Uyuni. Lamentablemente, tras su muerte, esos papeles desaparecieron.
Para probar sus afirmaciones, especialmente sobre la intromisión inglesa y los preparativos anticipados de Chile para la guerra, Bolivia necesita documentos, porque éstos serán los que la Corte Internacional de Justicia valore
