Dos noticias han llamado la atención durante los últimos días sobre lo cercana que es desde hace algún tiempo la relación entre nuestro país y los estrados judiciales del exterior.
La culminación de una fase más –probablemente la penúltima– del largo proceso judicial iniciado hace 11 años ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín es una de ellas. La otra, la que da cuenta de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de admitir el "derecho de petición" presentado por Gianni Prado Herrera y Carolina Dwyer, en representación de Mario Tádic y otros reclamando la observancia y defensa de los derechos humanos en el denominado Caso Terrorismo en el hotel Las Américas de Santa Cruz.
Ambos casos tienen muchos elementos en común. El primero y más importante de ellos es que de por medio están acusaciones relacionadas con violación de derechos humanos y ejecución extrajudicial de personas.
En ambos casos también está presente la posibilidad de que la responsabilidad última de los hechos no recaiga en quienes fueron los autores materiales de los actos de violencia que derivaron en las muertes, sino en los gobernantes de cuya autoridad dependían los ejecutores de órdenes superiores.
En el primer caso, más allá e independientemente de que el veredicto del jurado haya fallado declarando por unanimidad responsables de muertes extrajudiciales a ambos personajes, ha quedado claro que el desenlace judicial no resulta suficiente para despejar las muchas dudas que han quedado abiertas sobre la real naturaleza, orígenes y alcances de los hechos de septiembre y octubre de 2003.
En el caso del hotel Las Américas, es muy poco lo que se puede decir porque el proceso judicial está todavía en una etapa muy inicial. Ya se puede prever, sin embargo, que no será fácil para el presidente Morales y sus principales colaboradores eludir en un futuro próximo la acción severa de instancias internacionales de justicia y protección de los derechos de las personas.
El hecho de que la CIDH haya aceptado la denuncia de que en los hechos del hotel Las Américas hubo ejecuciones extrajudiciales, detenciones indebidas, secuestro judicial y torturas, sumado al precedente sentado por la Corte de Florida, abre las puertas a un escenario que trasciende con mucho las posibilidades y limitaciones de la justicia boliviana. Por eso, lo más recomendable es que quienes circunstancialmente detentan el poder reflexionen sobre la fragilidad y fugacidad del mismo.
El hecho de que la CIDH haya aceptado la denuncia de que en los hechos del hotel Las Américas hubo ejecuciones extrajudiciales, detenciones indebidas, secuestro judicial y torturas, sumado al precedente sentado por la Corte de Florida, abre las puertas a un escenario que trasciende con mucho las posibilidades y limitaciones de la justicia boliviana
