Las últimas semanas han sido sumamente interesantes para el mundo del Derecho: empezando con los alegatos ante la CIJ en La Haya por el diferendo marítimo; pasando por las réplicas internas del terremoto Odebrecht – OAS que pese a sus burdos intentos de encubrimiento, acechan al régimen; la detención del ex Presidente Lula (para mi gusto, violando su estado de inocencia, pues no tiene aún condena), hasta la admisión por la Comisión IDH de la denuncia contra el estado Boliviano por ejecuciones extra judiciales.
Incluso, un Juez de esos que se respeta y cumple su rol, acaba de ordenar en Tarija el retorno a sus funciones de otro Juez indebidamente despedido por el Consejo de la Magistratura en la masacre del año pasado, declarando que el eufemismo del “agradecimiento de funciones” no es una figura prevista por la ley, aun tratándose de los apodados “jueces transitorios”; en fin…una serie de acontecimientos que sin jalar mucho la pita, pareciera enviar profundos mensajes vinculados con el advenimiento de la justicia y el fin de la impunidad. Vaya mi optimismo, aunque estoy consciente que esas golondrinas no hacen verano.
Tratándose de la admisibilidad por la CIDH de la denuncia contra el estado boliviano por ejecuciones extrajudiciales; violaciones a la libertad personal, a las garantías judiciales, prohibición de retroactividad; protección de la honra y dignidad; igualdad ante la ley y protección judicial, entre otras garantías de la CADH, teniendo como principal protagonista al mismísimo Presidente (recuerden su declaración arropado por su jefazo Chávez la mañana de los hechos del Hotel Las Américas, admitiendo que él ordenó ese operativo), muestra que el encubrimiento interno, sólo es eso, interno, pero así sea varios años después, primero el estado (el Sistema Interamericano no juzga personas individuales) será juzgado por sus actuaciones y omisiones y, luego, sus responsables internos, eventualmente incluso ante la Corte Penal Internacional.
En lo que concierne a la masacre perpetrada el 2017 por el Consejo de la Magistratura de cerca de un centenar de jueces transitorios sin el menor asomo del debido proceso y pese a que esa naturaleza ya había cesado por orden de la Ley No. 040 el pasado 2 de enero de 2012, los cobardes y sistemáticos rechazos de sus recursos empiezan a hacer aguas por todas partes, siendo sólo cuestión de trámite y tiempo que también, el Sistema Interamericano de DDHH, tome cartas en el asunto y determine responsabilidades estatales primero y luego, repercutan internamente contra la cadena de responsables: los que decidieron los despidos, los ejecutaron y luego, los que los apañaron internamente.
¿Podríamos encontrar algún elemento común en todos esos acontecimientos? Sostengo que sí, y se vincula precisamente con que por mucho poder que pueda tenerse internamente hasta para bendecir las arbitrariedades cometidas a través de operadores de justicia adictos o rehenes; por la amenaza de la fuerza por encima de la razón u otros factores, la justicia, aunque tarda…llega no más, aunque sea de a gotitas.
Y es que el mundo de hoy, globalizado por donde se vea, alcanza también por supuesto a la justicia: el mundo es cada vez más ancho y ajeno para estados, personas jurídicas y sujetos, que pretenden dotarse de impunidad por los siglos de los siglos. Si bien, la fórmula de controlar todo el sistema de justicia, como por ejemplo aquí ocurre cuando el régimen tiene bajo sus garras a la judicatura, fiscalía, policía, defensoría, contraloría y cualquier otro organismo posible, retarda por el momento el adecuado juzgamiento de las tropelías cometidas, los acontecimientos antes descritos no sólo internos sino hasta externos, prueban la vigencia de aquella máxima atribuida a Franz TAMAYO cuando enseñó que no se puede ser impune, eternamente. “El que tenga oídos, que oiga”. Mt.13:9.
