La explosión de una volqueta en la mina Santa Elena Boca de Huanuni, que causó al menos ocho fallecidos, pone nuevamente en evidencia un tema del que se habla poco, pese a sus consecuencias fatales: la falta de seguridad industrial en la minería.
La explosión ocurrió en la rampa de interior mina, entre los niveles 200 y 240. Con el evidente propósito de deslindar responsabilidades, ya se anticipó que, pese a la naturaleza de su oficio, los mineros no ingresan con dinamita a los socavones ya que los explosivos estarían en un depósito en interior mina. Ese es uno de los argumentos por los que se afirma, así sea preliminarmente, que la tragedia pudo haber ocurrido por un atentado supuestamente perpetrado por los ladrones de minerales que en la jerga de los mineros son conocidos como “jukus”.
A raíz de lo sucedido, el principal dirigente de los mineros asalariados habló de la existencia de una mafia organizada a nivel de los ladrones de minerales y los responsabilizó por la explosión de Huanuni.
Manejando la teoría del atentado, lo primero que se les debe preguntar a los responsables de la Empresa Minera Huanuni (EMH), que es estatal, es por qué no se asumió medidas de seguridad que, a estas alturas del siglo XXI, ya son básicas como, por ejemplo, la instalación de cámaras de seguridad en los accesos a las bocaminas. De haber cumplido con ese trámite, que puede ser calificado de simple, dada la dimensión de la EMH, se ampliaba la posibilidad de identificar a las personas que habrían puesto los explosivos en la volqueta que fue blanco del supuesto atentado.
La Empresa Minera Huanuni es una de las estatales que ha llamado la atención de la gente no solo por los sucesos que eventualmente giran en torno a ella sino también por su manejo económico. Por una parte, hace meses se polemizó sobre sus niveles salariales, considerados altos frente a su rendimiento; y, por otra, la información que la misma EMH publicó en su cibersitio oficial señala que la empresa reportó utilidades en nueve de los 12 meses de 2017. Entre los tres que fueron de pérdidas destaca enero, cuando los números en contra llegaron a 1.145.423.45 Bolivianos.
Si una empresa estatal como Huanuni no tiene la capacidad necesaria como para impedir atentados, estremece pensar cómo estarán las demás, especialmente las cooperativizadas cuyas condiciones de trabajo son verdaderamente deplorables.
Es un secreto a voces que las autodenominadas cooperativas mineras no son tales ya que solo utilizan la denominación para gozar de los beneficios otorgados por la ley del sector. En realidad, y salvando las excepciones que confirman la regla, son empresas privadas de diferente tamaño —pues hay desde pequeñas a grandes— que, por eso mismo, aplican la deleznable práctica de la mayor utilidad al menor costo.
Como las cooperativas quieren reducir sus costos, para ampliar sus ganancias, prácticamente no hacen inversiones en seguridad industrial. Es más… pasan por alto la mayoría de las normas laborales y de seguridad social. Se sabe, por ejemplo, que tienen asegurados a una cantidad de trabajadores mucho menor que la que en realidad emplean.
La práctica de robo de mineral, denominada “jukeo”, no es exclusiva de las pocas minas estatales, como Huanuni, porque afecta también al sistema cooperatizado. Empero, este tampoco ha asumido medidas de prevención frente a ese mal.
Lo que se hace es arrojar a los mineros a los socavones, sin medidas de seguridad industrial, para que estos extraigan el mineral y, así, procuren el mayor beneficio posible. La minería boliviana ha retrocedido a los tiempos de la mita.
La práctica de robo de mineral, denominada “jukeo”, no es exclusiva de las pocas minas estatales, como Huanuni, porque afecta también al sistema cooperatizado. Empero, este tampoco ha asumido medidas de prevención frente a ese mal
