EDITORIAL

Matar periodistas

El presidente de Ecuador ha confirmado el fallecimiento de tres trabajadores del periodismo que previamente habían sido secuestrados por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Como es lógico, la noticia enluta no sólo al periodismo latinoamericano sino al mundial. Más allá del indudable valor de las tres vidas perdidas, está el detalle de que estas personas fueron secuestradas cuando estaban cumpliendo su función específica: dos en cobertura informativa y una conduciendo su medio de transporte.

Este hecho simplemente confirma los riesgos que acompañan a una profesión u oficio que está estrechamente vinculada con el manejo de la opinión pública. La prensa, en conjunto, puede determinar la tendencia del sentimiento de las masas y es por eso que resulta tan incómoda para los poderosos.

Una de las tareas del periodismo es la denominada supervisión ambiental —antes denominada fiscalización— que no tiene que ver precisamente con el cuidado del medio ambiente sino con la vigilancia del “conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, una colectividad o una época”. Al hacerlo, suele descubrir irregularidades como, por ejemplo, la apropiación de bienes del Estado o de recursos provenientes del manejo de este así que también resulta perjudicial para los gobernantes que llegan al poder con el fin de lucrar con él.

En circunstancias menos generales, los periodistas están entre los principales enemigos del crimen organizado. Eso explica que uno de los países más peligrosos para el desempeño del periodismo sea México donde 12 informadores fueron asesinados el año pasado. En este país está la mayor cantidad de cárteles del narcotráfico que no vacilan en mandar a matar a los periodistas cuando estos interfieren de alguna manera con su actividad criminal.

A nivel mundial, la organización Reporteros Sin Fronteras reportó 65 asesinatos de periodistas durante 2017. Esa cantidad no toma en cuenta el duodécimo asesinato en México, ocurrido en diciembre, con el que la cifra global sube a 66.

Con todo y lo abultado de esa cifra, el año pasado resultó ser el de menor mortalidad para el periodismo ya que los 66 asesinatos representan la cifra más baja de los últimos 15 años. En 2016, por ejemplo, la cantidad final fue de 79.

Pedir mayores medidas de protección a los políticos, que son quienes manejan los países, es inútil porque es tanto como tratar con un sector de los que ordenan los asesinatos.

Y también hay que tomar en cuenta que no solo se mata a periodistas ordenando su asesinato sino que también se los puede eliminar de otros modos, ya sea cooptándolos o haciendo su vida difícil. Como es imposible cooptar a todos, los políticos prefieren ir por la segunda vía. A ello se debe el manejo discriminatorio de los fondos públicos para la publicidad estatal.

En la Bolivia de hoy, llamada Estado Plurinacional, la publicidad se reparte primero entre los medios estatales, en los que trabajan periodistas militantes o proclives al régimen, y luego entre los medios afines al gobierno. Las migajas son para los que no critican, no cuestionan ni interpretan las noticias. A los críticos no se les da nada.

El primer efecto de esa actitud es bajar el nivel de vida de los periodistas que trabajan en los medios afectados ya que estos no podrán pagar sueldos dignos. Los que no soportan la crisis económica resultante de esa situación cierran sus puertas y sus empleados pierden sus fuentes de empleo.

Así se mata periodistas lentamente.

En la Bolivia de hoy, llamada Estado Plurinacional, la publicidad se reparte primero entre los medios estatales, en los que trabajan periodistas militantes o proclives al régimen, y luego entre los medios afines al gobierno. Las migajas son para los que no critican, no cuestionan ni interpretan las noticias. A los críticos no se les da nada.

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