El 20 de abril de 1994 se aprobó la Ley 1551 de Participación Popular. Los demócratas y republicanos, celebramos. En esa fecha, se consolidó la puerta a la inclusión, al territorio y la nueva Bolivia que hoy transitamos.
Resulta sencillo hacer referencia al camino recorrido aunque habrá que recordar que no fue así. La calificación de ley maldita, la resistencia natural de algunos grupos políticos, cívicos y sindicales, la variante de fortalecer la base de la democracia, la comunidad y el municipio sobre los cuales se radicó la autonomía, y la transferencia de recursos reales que resultaba complicado ya que unos años antes habíamos atravesado una de las hiperinflaciones más grandes del mundo, generaron una resistencia comprensible.
Desde el inicio, nuestros nombres, junto a Roberto Barbery Anaya, fueron señalados como responsables de la conducción de un equipo absolutamente sui generis; aunque parezca raro, nadie fue parte de él por recomendación partidaria y la selección se completó por mérito, experiencia y compromiso. No se podía improvisar y no habría otra oportunidad.
Por justicia, hubiera sido imposible lograr el resultado sin el respaldo de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas, honor a ellos que lo repetiremos siempre, facilitaron y superaron con sus decisiones las dificultades propias de una coalición que no tenía control en el centro de las propuestas, primero, y en el proceso de aplicación después. De los 22 nombres que compartimos la creación, 14 veníamos del calor del Oriente, exuberante e indómito, y habían otros, poco públicos como Miguel Urioste, Enrique Ipiña, Sonia Montaño, Herman Antelo que estuvieron en la primera línea.
No hubo invención, se identificó una oportunidad y un alineamiento de capacidades y voluntades. Durante el gobierno del Presidente Torres se crearon los Comités Populares de Salud, producto de Alma-Ata, en 1978. El ministro de Salud, Javier Torres Goitia, estuvo en ambas creaciones. El Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) coordinaba, desde la década de los 80 con Carlos Toranzo Roca, debates que multiplicaban ideas. El grupo de tarea inicial desde septiembre del 1993, se enriqueció con Luis Ramiro Beltrán, Horst Grebe, Margaret Anstee.
El debate parlamentario se inició la tarde del martes 19 de abril y la ley se aprobó después del mediodía del 20, por tiempo y materia. Concluido el procedimiento y por una emoción especial que se instaló, se cantó el himno nacional, siendo rematada con su número capicúa, Ley 1551.
En la ecuación financiera, la ganancia de todos los municipios era rotunda, aunque tres alcaldes fueron particularmente cuidadosos a la hora de hacer sus proyecciones: Mónica Medina de La Paz, Flavio Clavijo de El Alto, ambos de CONDEPA, y Percy Fernández del MNR, de Santa Cruz. Luego de sendas reuniones y 15 días de trabajo, aceptaron las nuevas responsabilidades. Entre el domingo 20 de febrero, que se presentó el proyecto y el 20 de abril, que se aprobó, se abrió el debate más extraordinario desde la sociedad civil, las organizaciones sociales, la academia... El libro “Debate nacional sobre la Ley de Participación Popular”, hoy de colección, recoge parte de él en sus 311 páginas.
CONDEPA tenía su propia línea de reflexión con Julio Mantilla, Andrés Solís y Ricardo Paz. Y se sumaba la vertiente cívica, con Carlos Dabdoub y Mario Cossío como sus protagonistas. Se había heredado el proyecto EMSO regional bajo la coordinación de Hernán Paredes, y en la academia, Marcelo Barrón, Juan Carlos Urenda, Iván Finot, Iván Salame y Rubén Ardaya tenían textos publicados sobre la temática. El Instituto de Investigación y Desarrollo Municipal (INIDEM), desde el municipalismo, había acumulado sus experiencias.
Hoy, el camino va por la revolución urbana y el federalismo. Se trata de respondernos qué se produce y qué podrá producirse en cada territorio para aprovechar y crear condiciones. El extractivismo no deja soñar y le cede el poder al centro que decide por todos.
