Desde la fundación de Bolivia, y de acuerdo al único mapa del país aprobado por Ley el año 1859, el departamento de Chuquisaca ha sido el que más cercenamientos de su territorio ha sufrido a lo largo de la historia.
Todas las regiones donde hoy se encuentran las riquezas hidrocarburíferas del país, tanto las de Tarija como las de Santa Cruz, pertenecieron a Chuquisaca pero –sea por la vía de decretos supremos, resoluciones ministeriales y, en algunos casos, leyes– fueron cedidos, por lo general de manera inconsulta, a esos departamentos.
Y Sucre, la capital de Chuquisaca, no presentó reclamo alguno, por su vocación de nacionalidad que la caracterizó desde el nacimiento de Bolivia y por su responsabilidad histórica en la consolidación de la República creada un 6 de Agosto de 1825 precisamente en esta ciudad.
Hoy, por causa de la ubicación física del campo hidrocarburífero de Incahuasi, nuevamente se le está imponiendo a Chuquisaca un renunciamiento sobre sus legítimos derechos a las regalías de un campo que –a decir de numerosos especialistas en la materia– es compartido. El segundo estudio encargado por YPFB ha vuelto a determinar que el 100% del gas que se explota de los pozos del referido campo se encuentra en Santa Cruz. El trabajo, al igual que el primer estudio, se basó naturalmente en información y coordenadas proporcionadas por las instituciones concernidas del Estado, y estableció que dicho campo se encuentra completamente en el departamento de Santa Cruz y que, en consecuencia, al no ser una reserva compartida, a Chuquisaca no le correspondería recibir ningún ingreso económico por concepto de regalías.
Cabe establecer, en primera instancia, que los límites entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca jamás fueron definidos claramente y mediante Ley. Un primer tema pendiente que deberá ser resuelto apelando a las instancias legales correspondientes.
Es oportuno anotar, también, que la superficie física del terreno en que desarrollaron los trabajos de perforación no son determinantes a la hora de establecer si el reservorio está en uno u otro departamento, más todavía si en el caso de Incahuasi son escasos metros los que son motivo del diferendo.
Aunque parezca risible afirmarlo, demás está señalar que no existe un muro bajo la superficie que siga el trazado de los límites territoriales; que los bolsones de reservas acuíferas, gasíferas, petrolíferas o de cualquier recurso no renovable tampoco tienen fronteras y, siempre, presentan amplias ramificaciones y prolongaciones indeterminadas en el subsuelo.
Determinar la ubicación exacta de dichos bolsones es un proceso largo de determinar y sólo es posible hacerlo en el curso de los años, durante la explotación de la reserva de gas en actual disputa; explotación que, sobra recordar, ya comenzó hace escasos días.
Como se verá, todos los argumentos que puedan esgrimirse sustentan y respaldan abundantemente el reclamo chuquisaqueño de que Incahuasi es un campo compartido –al igual que lo es el campo Margarita en el límite con el departamento de Tarija– y que, en consecuencia, las regalías que de su explotación resulten deben también compartirse entre Santa Cruz y Chuquisaca.
Respaldándose en el informe de los dos estudios encargados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), cuya información técnica y limítrofe es dudosa desde todo punto de vista, Santa Cruz ha reivindicado para sí el 100% de las regalías provenientes de la nueva reserva gasífera.
Pero la razón acompaña a Chuquisaca y, sin pretender promover y menos alimentar un conflicto interdepartamental, es tiempo de que se imponga el equilibrio y la sensatez en un tema tan sensible como éste. Y es hora de que las autoridades departamentales actúen con toda la energía necesaria, así como con la ley y la mejor argumentación técnica en la mano, ante la abierta parcialidad demostrada por el poder central contra este Departamento. Lo contrario equivale a seguir renunciando a nuestras posibilidades de crecimiento y desarrollo económico, siempre postergados en favor de otras regiones del país.
Es hora de que las autoridades actúen con toda la energía necesaria, así como con la ley y la mejor argumentación técnica en la mano, ante la abierta parcialidad demostrada por el poder central. Lo contrario equivale a seguir renunciando a nuestras posibilidades de crecimiento y desarrollo económico
