El Estado boliviano está obligado a pagar un monto, actualizado, de más de 50 millones de dólares a la empresa chilena Química del Bórax (Quiborax) por haber anulado las concesiones que ésta tenía en el Salar de Uyuni.

Las concesiones fueron anuladas en el mandato de Carlos Mesa y, debido a ello, el actual Gobierno ha anunciado que enjuiciará al ex presidente por supuestamente haberle causado un daño económico al Estado boliviano.

Planteadas así las cosas, parecería que, en efecto, Mesa le causó daño al país y debería considerarse la posibilidad de indagar hasta dónde llegó su responsabilidad en hechos que remataron en un arbitraje cuyo resultado fue perjudicial para el país. Pero el MAS no lo pensó dos veces y quiere ir al juicio. Su objetivo, desde luego, no es hacer justicia sino inhabilitar al que, hasta ahora, se perfila como el más importante candidato no oficialista para las próximas elecciones.

Si somos ecuánimes y escuchamos al ex presidente nos encontraremos con una novedad: el juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (Ciadi) no debió haber salido en contra de Bolivia por una razón: el documento de constitución de Quiborax fue falsificado y así se lo demostró judicialmente.

Por tanto, desde el punto de vista jurídico, la Quiborax no existe para las leyes ya que su nacimiento estuvo viciado. Por ello, el Ciadi debió desestimar su demanda ya que, jurídicamente, el demandante no existe. No obstante, demostrar este extremo era obligación del Estado boliviano, a través de su Procuraduría, pero no lo hizo. Por el contrario, pactó el pago de la indemnización con la ilegal Quiborax.

La advertencia de Mesa es válida pero, como en este asunto existe un trasfondo político, lo vamos a tomar con pinzas.

Preferimos complementar los datos de este editorial con hechos que nos consta, partiendo de la presentación del memorial que tuvo lugar ayer en Sucre. Al presentarlo, en la Fiscalía General del Estado, Mesa adjuntó el documento que demuestra la inexistencia jurídica de la Quiborax. Ahora resta esperar lo que haga el Ministerio Público. La lógica jurídica dice que se debería buscar anular el fallo del Ciadi porque eso sí sería cuidar los intereses del Estado boliviano. Si se impone la lógica política, como ocurre con frecuencia bajo el gobierno del MAS, entonces no se hará nada y se insistirá en enjuiciar al ex presidente.

Pero hay detalles sumamente importantes en este caso y estos son los antecedentes del arbitraje ante el Ciadi.

¿Por qué demanda Quiborax? Porque le anularon sus concesiones en el Salar de Uyuni. Frente a eso, la pregunta que deberíamos habernos hecho los bolivianos es “¿cómo consiguió esas concesiones?”.

Quien conoce mejor esa respuesta es un ex senador y ex ministro que impulsó una ley que levantó la reserva fiscal que protegía al salar. Cuando la reserva fue levantada, empresas como Copla y Quiborax, ambas chilenas, obtuvieron concesiones y comenzaron a explotar los recursos del inmenso mar blanco.

Carlos Mesa era presidente y anuló las concesiones pero, en rigor de verdad, no lo hizo por iniciativa propia o de su gabinete. Si por él hubiera sido, esas concesiones no se hubieran anulado y quizás actualmente estaríamos ante otro escenario, con Copla y Quiborax al frente.

Lo que ocurrió fue que el pueblo potosino inició movilizaciones por la anulación de las concesiones y quien estuvo al frente de las presiones fue el Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

En ese entonces, el presidente de Comcipo era René Navarro quien luego fue asambleísta por el MAS y ahora es concejal por ese mismo partido.

Por ello, hay varios actores que tienen mucho que decir sobre este tema.

Mesa presentó un documento que demuestra la inexistencia jurídica de la Quiborax. Ahora resta esperar lo que haga el Ministerio Público. La lógica jurídica dice que se debería buscar anular el fallo del Ciadi. Resta esperar que no se imponga la lógica política