Debido a un fallo dictado en un proceso con bases ilegales, el Estado boliviano se vio obligado a pagar 42,6 millones de dólares a Non Metallic Minerals (NMM), la asociación creada entre un empresario boliviano David Moscoso y la empresa chilena Química del Bórax (Quiborax).
Tal como se explica, las razones del pago son sencillas y hasta parecen darles la razón a los chilenos: Quiborax tenía concesiones en el Salar de Uyuni y el gobierno del presidente Carlos Mesa las revirtió. La empresa acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que falló a su favor y determinó que se le pague una indemnización de 48,6 millones que después fueron negociados con la empresa para bajarse a 42,6 millones de dólares.
Con ese razonamiento simplista, parecería, en efecto, que Mesa tuvo la culpa por haber revertido las concesiones ya que ese habría sido el hecho generador de la obligación; es decir, el pago de la indemnización a la Quiborax. Desde ese punto de vista, se justifica que se le inicie un proceso por daño económico al Estado.
No obstante, los antecedentes del caso demuestran, por una parte, que la reversión fue un acto de justicia y que, por otra, la obligación del pago no fue generada por la anulación de las concesiones.
Como ya apuntamos en un anterior editorial, el pasado 13 de junio, Mesa no anuló las concesiones de oficio. Para ello, tuvo que primar toda una movilización que estuvo encabezada por el Comité Cívico Potosinista que, en aquel momento, era liderado por René Navarro, actual concejal de Potosí por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
La movilización se tradujo en una huelga de hambre que se realizó tanto en Potosí como en La Paz. En la sede de gobierno, quienes integraron los piquetes de ayunadores fueron parlamentarios potosinos. En la Villa Imperial, el ayuno se instaló en carpas que fueron armadas frente a la entonces denominada Prefectura del Departamento. Las presiones se levantaron cuando el presidente Mesa comunicó su decisión de revertir las concesiones. La imagen que graficó para la historia aquel suceso fue una fotografía en la que la entonces prefecta, Gisela Derpic, se abrazaba con Navarro y fue publicada en el diario El Potosí.
Ahora bien, conocidas como fueron las causas para la reversión de las concesiones de Quiborax, es preciso formularse una pregunta lógica: ¿Cómo es que una empresa chilena tenía concesiones en el Salar de Uyuni?
Para encontrar la respuesta a esa pregunta, es preciso retroceder todavía más en el tiempo, a 1998, cuando la Ley 1854 redujo la reserva fiscal de ese reservorio. Hasta ese momento, la reserva fiscal del Salar de Uyuni abarcaba 2.362.000 hectáreas. La referida ley señalaba, en su artículo único que “se declara la reserva fiscal del Gran Salar de Uyuni, comprendida en el perímetro que corresponde a la costra salina”. Se la promulgó sin más ni más y, en el momento de aplicarla, se evidenció que la costra salina era de 1.344.000 hectáreas. Lo que se hizo, en los hechos, fue reducir la reserva fiscal; es decir, la parte que el país guardaba para sí por razones estratégicas.
La reducción de la reserva fiscal fue un hecho gravísimo pues atentaba al artículo 133 de la Constitución Política del Estado vigente en ese momento que establecía que “el régimen económico propenderá al fortalecimiento de la independencia nacional y al desarrollo del país mediante la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en resguardo de la seguridad del Estado y en procura del bienestar del pueblo boliviano”.
Gracias a esa ley anticonstitucional, la reserva del salar se redujo y empresas como Quiborax pudieron obtener concesiones en esa área antes restringida. Ahora, además, tenemos que pagarle millones.
En 1998, la Ley 1854 redujo la reserva fiscal del Salar de Uyuni, que hasta ese momento abarcaba 2.362.000 hectáreas. Gracias a esa norma anticonstitucional, empresas como Quiborax pudieron obtener concesiones en esa área antes restringida
