Una serie de noticias relativas a la situación por la que están atravesando algunas de las empresas del sector estatal de la economía boliviana han vuelto a dar actualidad al antiguo debate sobre la necesidad y conveniencia de que el Estado dedique sus escasos recursos a crear, mantener y desarrollar empresas dedicadas a actividades productivas que por su naturaleza muy bien podrían ser encaradas por el sector privado.
El tema no es nuevo. Por el contrario, prácticamente no hay día que pase sin que salga a la luz pública alguna mala noticia sobre las empresas estatales. La más reciente de ellas es la que da cuenta del estado de abandono en el que está un centro de confinamiento y engorde de ganado construido en el municipio cruceño de Pailón. Se trata de un emprendimiento estatal que costó casi 14 millones de bolivianos, fue inaugurado con un enorme despliegue propagandístico en abril de 2016 sin que hasta ahora se haya producido ni el más mínimo resultado. Lo mismo que un centro de mejoramiento genético, proyecto muy ligado al anterior, en el que también se invirtieron sumas fabulosas con resultados igualmente nulos.
Muy similar es el caso de otras empresas públicas que, aunque todavía no han llegado a los extremos de la Empresa Pública Nacional Textil (ENATEX) o Empresa de Construcciones del Ejército (ECE), dan suficientes motivos para temer que están condenadas a correr tarde o temprano la misma suerte. Algunos ejemplos de lo dicho son la Empresa Boliviana de Almendras (EBA), Cartonbol, Lacteosbol, Papelbol; Quipus, entre otras.
Especialmente malo es el caso de las empresas administradas por las Fuerzas Armadas que arrojan pérdidas año tras año sin que nadie asuma las responsabilidades correspondientes. Es lo que ocurre con la Empresa Naviera Boliviana (ENABOL) y la Empresa Nacional Automotriz (ENAUTO) o Transporte Aéreo Militar las que, como las más de diez empresas militares nada tienen que ver con la actividad castrense pues corresponden a rubros tan diversos como el transporte de carga y pasajeros, la hotelería, la educación, producción de caña de azúcar o el ensamblaje de vehículos, entre otras actividades productivas, comerciales y de servicios.
Todos esos casos tienen en común el ocultamiento de información, el esmero con que las autoridades gubernamentales ponen cortapisas para impedir o al menos dificultar cualquier forma de fiscalización. Así, además de dejar un margen demasiado amplio a la especulación, cierran la posibilidad de reconocer errores y enmendarlos, cuando cada vez más ciudadanos reivindican su derecho a conocer el destino de los fondos de todos.
Entre el ocultamiento de información y las cortapisas para impedir o al menos dificultar cualquier forma de fiscalización, las autoridades dejan un margen demasiado amplio a la especulación, cierran la posibilidad de reconocer errores y enmendarlos, cuando cada vez más ciudadanos reivindican su derecho a conocer el destino de los fondos públicos
