Bolivia conmemora este jueves los 65 años de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria que, según se recuerda oficialmente hasta ahora, fue una medida destinada a superar una situación de injusticia social en la que los damnificados eran, mayoritariamente, los campesinos.
Incluso ahora, todavía se dice que la reforma agraria tenía tres objetivos: 1) proporcionar tierra de labrantía a los campesinos que no la poseen o que la poseen muy escasa a objeto de lograr una estructura de tenencia de la tierra más equitativa, como parte del proceso de “restituir a las comunidades indígenas las tierras que les fueron usurpadas”; 2) crear las condiciones para una mayor producción y productividad del sector agropecuario, y 3) liberar a los trabajadores campesinos de su condición de siervos, proscribiendo los servicios u obligaciones personales gratuitas, modificando de esta manera las relaciones de producción.
De lo que se habla poco, o casi nada, es que, en realidad, la reforma agraria de 1953 fue la culminación de un proceso que había comenzado mucho antes y que no buscaba precisamente dotar de tierra a los campesinos sino convertirlos en propietarios con el fin de incorporarlos al “capitalismo agrario” que formaba parte del modelo capitalista que estaba comenzando a expandirse por el mundo.
Y la clave del problema está, precisamente, en el artículo 1º de la ley de 1953: “el suelo, el subsuelo, y las aguas del territorio de la República, pertenecen por derecho originario a la Nación Boliviana”.
Esta afirmación, ahora constitucionalizada bajo la fórmula de “recursos naturales”, se ha convertido en verdad de Perogrullo y no admite réplica en nuestros días. Empero, choca con el concepto de tierra y territorio que las naciones originarias manejaron desde tiempos inmemoriales.
Lo que no se tomó en cuenta en 1953, y antes, es que las naciones originarias eran las verdaderas dueñas del territorio y se mantuvieron en esa condición incluso hasta la reforma agraria. Así, en el territorio que hoy ocupan Chuquisaca y Potosí, existieron culturas –en algunos casos hasta confederaciones– como Charka, Yampara y Qaraqara cuyas tierras fueron respetadas cuando se produjo la conquista incaica. Tras la llegada de los españoles, esas tierras siguieron dejándose en manos de los originarios, con excepción de las encomiendas, debido a que existieron “pactos” y acuerdos entre los gobernantes de esas culturas y el rey de España. Como parte de esos pactos, los charkas entregaron el yacimiento de Porco y, posteriormente, se estableció tanto la mita como un sistema tributario basado en el respeto de la corona hacia las tierras de los originarios.
Cuando se fundó Bolivia, las tierras siguieron en manos de los originarios y, si bien Bolívar abolió los tributos indígenas, Santa Cruz los repuso –porque el Estado no podía subsistir sin ellos– siempre bajo el compromiso de respetar las tierras de los indígenas.
La tenencia de la tierra en manos de los originarios llegó a denominarse “el problema del indio” y fue la principal causa de preocupación de los sucesivos gobiernos. Mientras los originarios detentaban la tierra basándose en documentos ancestrales, los mestizos, que eran los que gobernaban desde Palacio Quemado, creían que aquellos eran usurpadores que tenían secuestrada a la tierra.
Particularmente en el occidente, el estado tuvo que enfrentarse con el ayllu al que intentó destruir con la Ley de Exvinculación de 1874. No lo logró. Fue la primera reforma agraria, que fracasó rotundamente. Consiguió éxito recién en 1953 cuando, bajo la fórmula de “la tierra es para quien la trabaja”, por fin se consiguió transformar al indígena en propietario, un buen partido para el sistema capitalista.
La reforma agraria de 1953 fue la culminación de un proceso que había comenzado mucho antes y que no buscaba precisamente dotar de tierra a los campesinos, sino convertirlos en propietarios con el fin de incorporarlos al “capitalismo agrario” que formaba parte del modelo capitalista que estaba comenzando a expandirse por el mundo
