Concentrados como estamos en la coyuntura política, muchas veces dejamos pasar temas importantes que, bien analizados, podrían resultar hasta determinantes en la construcción de la nacionalidad.
Con la importancia que se le da al 17 de octubre, por la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada como corolario de la denominada “guerra del gas”, pasamos por alto otras efemérides de esa fecha como, por ejemplo, la declaratoria de guerra de Chile contra la Confederación Peruboliviana, en 1838, y la nacionalización de la Gulf Oil, sin indemnización de ningún tipo, que llevó adelante Marcelo Quiroga Santa Cruz en 1969.
El primer hecho está vinculado a la accidentada historia común con Chile que, como se ve, siempre demostró una actitud beligerante hacia nuestro país, al igual que contra Perú. El segundo hecho es importante porque demuestra que las nacionalizaciones –las verdaderas, aquellas que se hacen sin pagar al afectado, cual si de compra se tratara– no son ninguna novedad y siempre se tradujeron en beneficios económicos para el país.
Pero, si de gas se trata, el departamento con mayores reservas hasta ahora es Tarija. Y, si revisamos la historia, Tarija pudo no formar parte del país que hoy conocemos como Bolivia.
Como se sabe, la Real Audiencia de Charcas, sobre cuyo territorio nació Bolivia, formaba parte del Virreinato del Río de la Plata cuando estalló la Guerra de la Independencia. Al terminar ésta, y formarse los nuevos Estados, Argentina reclamó derechos sobre Tarija.
Tres cabildos abiertos decidieron el destino de Tarija y Bolivia. El primero se realizó el 26 de agosto de 1826, por iniciativa de Bernardo Trigo y con el respaldo de gente como Eustaquio Méndez, y fue el que decidió que esa parte de nuestro territorio no formaría parte de Argentina sino de la naciente Bolivia.
Lo que no se sabe es que esa historia no terminó ahí. La decisión de los tarijeños debía ser ratificada por el Congreso que, en una actitud de indolencia muy parecida a la que ahora se advierte en las reparticiones públicas, se tomó su tiempo en emitir su resolución.
Frente a esa dilación hubo un segundo cabildo, el 7 de septiembre de ese año, que ratificó las decisiones del anterior. Con esa presión, el Congreso promulgó, por fin, la ley de 23 de septiembre de 1826 que señalaba que “la Provincia de Tarija pertenece al Alto Perú por todas sus relaciones y por la naturaleza misma de su situación”.
Aunque la corriente bolivianista ya había ganado, Trigo y los suyos propiciaron un tercer cabildo que se realizó el 17 de octubre de 1826 a convocatoria de la municipalidad y el Colegio Electoral de Tarija. En éste se aprobó un documento divulgado ahora por el historiador Elías Vacaflor en el que se lee que los tarijeños ratificaron su voluntad de pertenecer a Bolivia y señalaron que Tarija “sin Bolivia no quiere existir en el mapa geográfico. Esta es la última y solemne declaración que de nuestra propia voluntad, libremente y sin coacción alguna, hacemos por el pueblo que representamos y que presentamos al juicio de los hombres imparciales de todo el mundo que amen el bien de sus semejantes. Tarija, octubre 17 de 1826”.
Tarija no quería existir sin Bolivia. La pregunta que nos hacemos ahora, 192 años después es si Bolivia podría existir sin Tarija.
A la luz de estos hechos se puede ver que el aporte de Tarija a la construcción de la bolivianidad es enorme pero no debidamente reconocido por sus hermanos bolivianos.
