La mayoría de la gente suele confundir libertad de expresión con libertad de prensa. Si bien es cierto que ambas están conexas, es necesario aclarar que una es sectorial y la otra es general. La libertad de expresión es un atributo de todos los seres humanos mientras que la libertad de prensa es aquella de la que gozan los periodistas y/o trabajadores de la información.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) reconoce, también, esa diferenciación al señalar que “la libertad de prensa, sin ninguna duda, es un elemento central del derecho más amplio a la libertad de expresión” y ratifica su juicio con esta sentencia: “es fundamental que (la prensa) pueda ejercer su trabajo con libertad”.
La libertad de prensa es el derecho que tienen los ciudadanos a conformar medios de comunicación cuyos contenidos no estén controlados ni censurados por nadie, ni particulares ni grupos de personas y mucho menos los poderes del Estado. La elaboración y manejo de esos contenidos está a cargo de periodistas o informadores que son los titulares de ese derecho.
Esta libertad está reconocida en el capítulo séptimo de la Constitución Política del Estado que tiene el título de “Comunicación Social”. Aunque no incluyó expresamente el denominativo “libertad de prensa”, la Asamblea Constituyente introdujo ese derecho a la Constitución en el parágrafo tercero del artículo 106 que señala que “el Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.
Pese a todo esto, y a la normativa sobre el tema, la libertad de prensa es constantemente violada en nuestro país y los ataques en su contra aumentaron en número a partir de la asunción al poder del presidente Evo Morales quien, poco después de asumir el mando, declaró expresamente que su principal enemigo eran los medios de comunicación.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) lleva un escrupuloso registro de esas agresiones y entre las últimas hay casos que corresponden a esta parte del país. Por una parte, habrá que recordar que hace poco, el 6 de noviembre, justo cuando la Radio La Plata, de Sucre, celebraba sus 75 años de existencia institucional, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, le dio el más ingrato regalo al espetarla por haber analizado los motivos por los que esta autoridad tiene cero por ciento de aceptación en una encuesta difundida por una red nacional.
Y en esta semana, el blanco de los ataques del resistido gobernador fue, nuevamente, este diario debido a las notas informativas —que no ingresan en el rango de opinión— respecto a la partida del Instituto Psicopedagógico de la Orden Hospitalaria de San de Dios. El periódico reflejó la posición de la gente, que quiere que los juandedianos se queden y denuncia su presunto marginamiento, y la autoridad le culpa por eso.
Apenas ayer, la Villa Imperial fue el escenario de otro ataque contra la libertad de prensa cuando comerciantes de la feria franca, que estaban peleando entre sí por espacios para la venta en la avenida ferroviaria y adyacentes, intentaron arrebatar de las manos la grabadora y el celular de un periodista del diario El Potosí. El informador sólo estaba cumpliendo su trabajo pero la furia de los vendedores informales, cuya resistencia a su traslado fue rechazado por la mayoría de la población potosina, se volcó contra él en un intento que bien puede considerarse tentativa de hurto y, por tanto, amerita una denuncia ante el Ministerio Público.
Como se ve, para los sectores que quieren conservar sus privilegios por la fuerza, la prensa sigue siendo el enemigo principal. Lamentablemente para ellos, es un enemigo que no está dispuesto a rendirse.
