Bolivia ha demostrado ser un país en el que la industria de extracción de minerales es un negocio redondo, incluso sin necesidad de ingresar a la mina o estar en contacto con el yacimiento mismo.
El método que descubrieron –y quizá hasta inventaron– los vivillos es tan sencillo que estremece: conseguían concesiones y luego esperaban que éstas sean revertidas para cobrar indemnizaciones. Así, emprendimientos que arrancaron con escaso capital, y a veces sin ninguna inversión, arrojaron pingües ganancias.
Uno de los primeros reportes al respecto data de la década del 90 del siglo XX. Personas que recibieron informes reservados respecto al lugar por donde pasaría el tramo asfaltado Potosí-Puente Méndez, que es parte del camino Sucre-Potosí, consiguieron concesiones de materiales de construcción justo en los lugares por donde pasaría el trazo vial. Cuando comenzaron las obras, sus concesiones se vieron afectadas y fueron revertidas. Entonces, los afectados iniciaron procesos para obtener indemnización y, gracias a eso, cobraron buenas sumas por prácticamente haber hecho nada.
Un elemento resulta clave para que las concesiones arrojen ganancias: la información privilegiada. Quienes solicitan concesiones con fines de conseguir indemnizaciones cuando éstas sean revertidas necesitan saber que esto último ocurrirá porque, si no, es lógico que no ingresarán al negocio.
Por eso es que existe todo un mar de dudas respecto a lo que sucedió con el juicio que la empresa Quiborax le siguió al Estado boliviano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI) por la reversión de sus concesiones en el Salar de Uyuni. Como se sabe, este es un proceso que el Estado boliviano perdió y, a consecuencia de eso, pagó más de 40 millones de dólares a una empresa cuya inversión no llegó ni siquiera a 800 mil dólares.
Este juicio pudo ganarse pero se dejó pasar por alto enormes vulneraciones a la normativa, desde el hecho de que el documento base para la demanda estaba falsificado hasta el descuido (¿habrá sigo realmente descuido?) de haber dejado pasar el momento de zanjar el diferendo por una suma mucho menor que la que finalmente se pagó. En este caso también hubo filtración de informes, desde antes de conseguir las concesiones hasta durante el proceso mismo.
Entre las muchas observaciones al caso Quiborax está la rapidez con la que el Estado boliviano pagó la indemnización. A estas alturas del año, los socios de la empresa chilena, entre los que figura un boliviano, ya cobraron la enorme suma mientras que en otros casos, como el de los ex aspirantes a alcaldes Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, el pago se retrasa pese a que existe una conminatoria al respecto.
En todo este contexto, resulta doblemente satisfactorio que el Estado haya ganado, por fin, un proceso por reversión de concesiones aunque no haya sido ante el CIADI sino otro tribunal, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
La empresa minera canadiense South American Silver (SAS) demandó al Estado boliviano por la reversión de sus concesiones en Mallku Khota que también está en el departamento de Potosí. El fallo no le da la razón al demandante, señala que Bolivia procedió conforme a norma al revertir las concesiones y señala que el país sólo está obligado a pagar el total de las inversiones que SAS hizo en ese yacimiento. Una auditoría determinó que las inversiones llegaron a 18 millones de dólares y eso es lo que se pagará a la empresa.
Lo llamativo del asunto es que la empresa pidió la friolera de 385,7 millones de dólares como compensación, esperando, quizá, que el CNUDMI fallaría a su favor, como ya lo hizo el CIADI con la Quiborax.
Un elemento resulta clave para que las concesiones arrojen ganancias: la información privilegiada. Quienes solicitan concesiones con fines de conseguir indemnizaciones cuando éstas sean revertidas necesitan saber que esto último ocurrirá
