Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido por la ONU en 1999 en conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal, que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana y fueron emboscadas y asesinadas un día como hoy de 1960.
Lamentablemente, dicha conmemoración se realiza en medio de la constatación de que los avances en tal sentido son insuficientes. De hecho, mientras que en muchas latitudes la violencia se mantiene o se reduce en niveles muy modestos, en otras, entre las que lastimosamente está incluido nuestro país, los casos de vulneración de derechos contra las mujeres se incrementan muy a pesar de los discursos, la aprobación y endurecimiento de normas sobre la materia.
La prueba de lo insuficientes que resultan en la práctica los esfuerzos que se hacen para afrontar el problema ha obligado a los gobiernos del mundo y a los organismos internacionales a dar al tema un lugar privilegiado entre sus prioridades. Es el caso de la ONU, por ejemplo, que considera que el tema de la violencia contra las mujeres debe ser abordado con los mismos criterios con los que se lucha contra las pandemias de salud pública.
Los datos que respaldan esa apreciación son elocuentes. Según estadísticas oficiales difundidas por la ONU, por ejemplo, alrededor del 70 por ciento de las mujeres de todo el mundo asegura haber sufrido una experiencia física o sexual violenta en algún momento de su vida y la mitad de ese porcentaje sufrió, o sufre, alguna forma de agresión sexual antes de cumplir los 16 años de edad.
En medio de tal panorama, nuestro país lamentablemente expone datos muy preocupantes pese, hay que insistir, a los avances dados particularmente desde la recuperación del sistema democrático que se tradujo, entre otras cosas, en la promulgación de una Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la número 348. Los juristas están de acuerdo en que esta norma es de avanzada e incluye muchas figuras que realmente protegen a las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia ejercitada por sus parejas; empero, no ha servido para disminuir los índices de casos sino todo lo contrario.
Los últimos datos dan cuenta que en los primeros ocho meses de este año fueron reportados 76 casos de feminicidio en nuestro país y la mayor incidencia corresponde al Departamento de Santa Cruz, con 17 denuncias en ese sentido. Chuquisaca y Potosí no aparecen precisamente en los primeros lugares pero ese no es motivo para alegrarse porque, de todas maneras, cada uno de estos Departamento atendió a cinco casos de asesinatos de mujeres.
A estos datos hay que sumar la violencia cotidiana. De acuerdo con informes de la agencia de la ONU para asuntos de género, ocupamos el primer lugar del índice de violencia física contra las mujeres, y el segundo, sólo después de Haití, por la cantidad de mujeres —gran parte de las cuales son menores de edad— víctimas de violencia sexual, además de la física.
Además, los reportes informativos diarios muestran que este problema no tiende a disminuir sino a agravarse, lo que nos obliga a perseverar en los esfuerzos necesarios para combatir el fenómeno, propósito que tiene como uno de sus principales requisitos la comprensión de los factores que lo causan. Conviene, por eso, hacer un esfuerzo colectivo proporcional a la gravedad del tema y no concentrar la mirada en sus manifestaciones más externas, las más visibles por sus contornos escandalosos, pero no por eso las más adecuadas para ver el problema en su justa dimensión.
Conviene, por eso, ver el problema en su justa dimensión y hacer un esfuerzo colectivo proporcional a la gravedad del tema y no concentrar la mirada en sus manifestaciones más externas, las más visibles por sus contornos escandalosos, pero no por eso siempre las más adecuadas
