Desde luego que el México de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no será el mismo que el de Enrique Peña Nieto. El ahora ex presidente terminó su gestión con un alto nivel de impopularidad, comparable sólo con los altos índices de corrupción e inseguridad que todavía caracterizan a ese país.
El gran problema del otro gran gigante latinoamericano —pues hay uno más, Brasil— es el narcotráfico. Esa actividad delincuencial ha calado tan hondo en la sociedad mexicana que ha logrado extender sus tentáculos a prácticamente todos los sectores. Por ello, nada se hace en ese país sin la venia de los cárteles. Eso, por supuesto, incluye a la política.
AMLO ha asumido la presidencia con la promesa de cambiar su país, dar un giro de 180 grados, y, tomando en cuenta el elemento catalizador del narcotráfico, esa parece ser su promesa más difícil de cumplir. Si cambia, tendrá que hacerlo sin molestar a los “narcos” porque, de lo contrario, éstos desatarían una campaña en su contra de la que —por lo menos por ahora— es difícil que salga bien librado.
Pero López Obrador es conocido por su pragmatismo. Izquierdista y todo, porque así es como se presenta, ejerció una política de practicidad cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, una cargo que es algo así como la fusión de las figuras bolivianas de gobernador y alcalde, y alcanzó notables niveles de éxito, particularmente en lo que se refiere a seguridad ciudadana.
Debido precisamente a la influencia de los cárteles, el principal problema de México es la violencia, tanto así que supera en prioridad al desempeño económico. Crímenes, secuestros y extorsiones forman parte de la agencia diaria de los medios y, durante el gobierno de AMLO en Ciudad de México, esos delitos bajaron porcentualmente debido a las medidas asumidas por él.
Tomando en cuenta que su desempeño económico no tuvo las mismas cifras positivas, este es su Talón de Aquiles, junto a su fama de populista; es decir, la misma que acompaña a Nicolás Maduro y Evo Morales. En este rubro, la pregunta que se hacen los analistas, y de la que dependen los mercados, es si López Obrador alentará la inversión privada o la ahuyentará, como ya pasó en su gobierno de Ciudad de México. Pese al tamaño que tiene la capital mexicana —para la que el término "megaciudad” ya le queda chico—, no es lo mismo gobernar esa unidad administrativa que todos los Estados Unidos Mexicanos.
La respuesta que tiene para el tan importante sector económico es el “tren maya”, un faraónico proyecto que pretende conectar rápidamente a los principales centros turísticos y arqueológicos de México: Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque y Chichen Itzá. Con ello, pretende subir considerablemente los ingresos por turismo que se fueron a pique por el incremento de la criminalidad. El problema es su alto costo, entre 6.000 a 8.000 millones de dólares, así que lo más probable es que se haga una consulta ciudadana sobre este tema.
Y está, también, el tema más difícil, la migración, esa que provocará una confrontación directa con su similar de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. Este tema es de diagnóstico reservado porque los proyectos que mitigarían la constante salida de mexicanos hacia la potencia del norte costarían todavía más que el “tren maya”: superan la barrera de los 20.000 millones de dólares.
Por de pronto, AMLO ya ha anunciado medidas formales pero con un claro mensaje: decidió no gobernar desde Los Pinos, el enorme complejo cultural que cumplió las funciones de Palacio Presidencial desde 1941, y volver al Palacio Nacional donde, según dijo, se instalará en un cuarto con un catre y una hamaca. Anunció, también, la venta del avión presidencial.
