Pese al escándalo que representó, en el año recién pasado, el caso del médico Jhiery Fernández, a quien se sentenció a encarcelamiento a sabiendas de su inocencia, muchos administradores de justicia no han escarmentado y siguen aplicando las leyes bajo una mecánica que sólo puede calificarse de perversa.
No otra cosa se puede decir de dos casos que concitan la atención nacional y siguen sustanciándose de una forma poco menos que dudosa.
Uno de ellos es el de la supuesta violación masiva que habría sufrido una joven en un motel de Santa Cruz por parte de un grupo de muchachos a quienes se llegó a denominar temporalmente “la manada boliviana” por considerar que sus acciones eran parecidas a un grupo de violadores múltiples que fue llamado así en Pamplona, España.
Este caso todavía está en el nivel investigativo así que se encuentra a cargo del Ministerio Público cuyas actuaciones no han sido lo efectivas que desearía la gente. Según las informaciones procedentes de Santa Cruz, existen dos certificados médicos forenses en este caso y eso es algo absolutamente irregular. Uno, el primero, certifica que hubo violación pero el otro, aparentemente expedido como prueba pericial, señala que no se encontró rastros de semen en la víctima.
El certificado médico forense es una de las pruebas más importantes en un proceso penal porque es el Estado el que, a través de un médico del Instituto de Investigaciones Forenses, da fe de un determinado hecho, generalmente las lesiones sufridas por la víctima de un crimen. Si en este caso hay dos, como se informa, significa que la investigación se ha contaminado, de una u otra manera, y ya no se puede confiar en ella. A eso hay que agregar las acusaciones de la madre de la víctima quien afirma que las familias de los acusados están pagando a personal clave de las investigaciones con el fin de que éste los libre de culpa.
El otro caso, recientemente publicitado, es el del músico y vocalista de una banda de black metal que, según se reporta desde La Paz, no habría sido sentenciado sobre la base de pruebas científicas, como debería ser, sino por prejuicios respecto a su personalidad.
El black metal es un subgénero del heavy metal que se caracteriza por sus letras abiertamente satánicas y con mensajes anticristianos. El involucrado en este caso es un cultor de ese tipo de música a quien se acusa de haber matado a una persona a puñaladas el 30 de noviembre de 2014. En las uñas de la víctima se encontró restos de piel y éstos fueron sometidos a un examen de ADN para determinar si pertenecían al acusado. El resultado de esa prueba salió negativo; es decir, la piel que estaba entre las uñas del fallecido no pertenece al acusado sino a alguien más. En cualquier país del mundo, una evidencia semejante sería suficiente para declarar la inocencia de un acusado pero no en Bolivia. Lo que ocurrió es que el músico recibió la pena máxima, 30 años de presidio sin derecho a indulto. Según indica su defensa, eso se debió a que los dos jueces técnicos que lo condenaron se basaron en el perfil que el acusado tiene en las redes sociales. Ahí dice que él no cree en Dios sino en la muerte así que los jueces interpretaron eso como una falta de respeto a la vida.
En este caso, como en el de Fernández, los jueces también parecen estar conscientes de la inocencia del acusado porque una de ellas señaló que “pueden apelar, hemos dejado varios huecos y van a ganar”.
Como se ve, la administración de justicia en Bolivia sigue siendo más que pésima y eso no es culpa de la prensa. Lo que hace el periodismo es reflejar lo que pasa.
