Hace mucho que los sueldos dejaron de ser un atractivo para el ejercicio del poder. Aún con las notables diferencias entre los países, pues hay algunos que pagan muy bien y otros no tanto, los salarios y emolumentos de las autoridades no son la principal razón por la que todos los políticos buscan alcanzar esos cargos.
Desde luego que el poder en sí –en tanto facultad, potencia, facilidad, energía, dominio, tiempo o lugar de hacer algo o mucho– es subyugante pero sólo se completa con las posibilidades que otorga la abundancia económica; es decir, la riqueza, y, lamentablemente, todo lo que se puede ver en los últimos años demuestra que ésta no es alcanzable mediante procedimientos honestos.
Los gobernantes tienen la opción de fijar sus sueldos y aún pueden darse el lujo de rebajárselos, con el fin de demostrar públicamente que cuidan los recursos del Estado, pero los hechos han demostrado que sus ingresos vienen de otro lado.
Lo que se ha visto, y todavía es motivo para investigaciones y juicios en curso, es que las autoridades, aquellas que desempeñan cargos claves en los gobiernos, tienen a los sobornos como una de sus principales fuentes de ingresos. Como ellos deciden, o por lo menos influyen, en los contratos con recursos estatales pueden facilitar la adjudicación de éstos y percibir buenas sumas a cambio. Cuanto más grande el proyecto, mayor es la paga y así se explica que últimamente los gobiernos de diferentes países lleven adelante proyectos faraónicos.
El caso Lava Jato, que ya ha determinado el encarcelamiento del otrora admirado presidente de Brasil, Lula da Silva, es apenas un ejemplo de lo afirmado pero no el único.
Por los primeros datos que se escucharon en las sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es fácil presumir que la capitalización fue una de las mayores fuentes de pago de sobornos en Bolivia. El informe preliminar habla de un daño de 21.000 millones de bolivianos pero esta vendría a ser la suma del dinero que dejó de percibir el Estado por las utilidades generadas por las empresas que durante un buen tiempo estuvieron en manos de empresas transnacionales.
“Capitalización” es un eufemismo para referirse a las privatizaciones que se ejecutaron especialmente en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. A través de ellas, las empresas del Estado pasaron a manos privadas a cambio de participaciones parciales en las utilidades generadas por estas. La cortina de humo que sirvió para apagar las protestas fue el Fondo de Capitalización Colectiva que, según se dijo, debía beneficiar a los bolivianos mayores de 21 años. No se conoce de casos concretos de ciudadanos que hayan recibido beneficios directos de dicho fondo.
Cuando las empresas fueron transferidas a manos privadas, lo que se mostró, y lo que vio el público, fue el proceso de unas cuantas, las seis consideradas estratégicas, pero el resto se privatizó (léase “capitalizó”) de una manera más bien discreta. Las cifras son, por decir menos, impresionantes: 213 empresas públicas de las que 78 pertenecían al Gobierno nacional, 92 a corporaciones regionales de desarrollo, 17 a prefecturas y 25 a alcaldías. Del total, 107 eran productivas y de éstas, 85 fueron enajenadas (79 por ciento); además, 105 pertenecían al área de servicios, de las que 72 fueron enajenadas (69%).
Más allá del dinero que el Estado no percibió de las utilidades confirmadas de estas empresas –pues muchas, más bien, arrojaron pérdidas–, hay razones para suponer que las 213 “capitalizaciones” significaron por lo menos la misma cantidad de sobornos. Así fue fácil que muchos se enriquecieran a costa del Estado.
