Cuando existe una decisión política del gobierno nacional de cumplir el mandato político y social de la Constitución Política del Estado de implementar el Sistema Único de Salud universal y gratuito en todo el territorio nacional, que brinde el acceso universal a la salud y reduzca la exclusión social en salud a más de la mitad de la población boliviana, representando sin duda esta medida una de las políticas sociales más importantes, que permitirá fundar los cimientos de una verdadera revolución sanitaria en Bolivia, surgen algunos sectores que observan su implementación.
Estos sectores argumentan que el sistema de salud padece una serie de debilidades en infraestructura, equipamiento y RRHH. A estos cuestionamientos, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, ha demostrado que se ha tenido avances importantes a la fecha y proyecciones de subsanar estas debilidades a través de una serie de proyectos como el fortalecimiento de los servicios críticos para el SUS de los hospitales de Segundo y Tercer nivel, plan de hospitales, dotación de 8.000 Ítems en salud, Mi Salud y Tele Salud, entre otras.
Entre los componentes más sobresalientes de esta discusión con el sector que observa esta medida, está, sin duda, el tema de financiamiento.
El gasto per cápita en salud es el valor promedio por persona, de la suma de los gastos en bienes y servicios por el cuidado de la salud en un periodo dado de tiempo, usualmente un año. Esta variable muestra con más claridad el nivel de inversión en términos absolutos, además de que permite ver cuál es el gasto total en salud de un país y cuánto de ese gasto es realizado por el gobierno. La Organización Mundial de la Salud OMS) estima que para garantizar las mínimas condiciones de salud se deberían dedicar entre 35 y 50 dólares por persona al año.
En la línea estratégica 3 de la estrategia de la OPS se propone “aumentar y mejorar el financiamiento, con equidad y eficiencia, y avanzar hacia la eliminación del pago directo que se convierte en barrera para el acceso en el momento de la prestación de servicios”. De ello se derivan tres líneas de acción interrelacionadas:
• Aumentar la protección financiera eliminando el pago directo que representa una barrera para el acceso a la salud.
• Aumentar el Gasto Público en Salud hasta el nivel de referencia del 6% del PIB.
• Aumentar la eficiencia en el sistema de salud mediante la determinación de un conjunto de acciones que impacten específicamente en su financiamiento y su organización.
Como estos argumentos señalados existen muchas teorías, experiencias e investigaciones que tienen su propio contexto socioeconómico e incluso cultural, por ello es comprensible que se maneje datos o cifras diferentes incluso al interior de una misma organización como ocurre con el Colegio Médico de Bolivia. En una presentación realizada en la ciudad de Cochabamba indicaron que había una necesidad de un presupuesto de 1.000 millones de dólares para implementar el SUS, sin embargo, los representantes de la ciudad de La Paz, de la misma organización, indican de manera reiterativa que la necesidad supera los 2.000 millones de dólares y que el presupuesto asignado de 200 millones de dólares asignados por el gobierno nacional son insuficientes.
Para ejercitar un análisis básico de estas posturas debemos partir que ningún presupuesto financiero en salud es suficiente, siempre habrá una brecha en el tema económico, para ello es importante recordar las tres acciones recomendadas por la OPS: El aumento de la protección financiera que elimine el pago directo (gasto de bolsillo); aumento del Gasto Público en Salud y un aspecto no menos importante sin duda es la eficiencia en el sistema de salud mediante la determinación de un conjunto de acciones que impacten específicamente en su financiamiento y su organización.
Al tener estas referencias de organismos internacionales sugerimos hacer un ejercicio de análisis económico financiero de las experiencias regionales implementadas en dos departamentos del país, como es el SUSAT (Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija), un seguro creado con el objetivo de dotar de salud gratuita a quienes no cuentan con algún otro seguro y viven en el departamento de Tarija, igual que Programa de Protección Social en Salud ¨Más Salud Más Vida¨ en Chuquisaca. Ambos comparten la esencia del SUS, de buscar garantizar a la población el acceso a la salud gratuita.
En la gestión 2018, el presupuesto del SUSAT fue alrededor de 25 millones de bolivianos, para dar cobertura a 377.229 personas afiliadas lo que corresponde a Bs 66,27 o $us 9,5 per cápita. En la misma gestión, el presupuesto del Programa de Protección Social en Salud ¨Más Salud Más Vida¨ fue de 22 millones de bolivianos para atender a 300 mil chuquisaqueños de entre 5 y 59 años de edad. Es decir, unos Bs 73,33 o $us 10,5 per cápita.
Entonces, siguiendo con el análisis, 200 millones de dólares, que es el presupuesto planteado por el gobierno para implementar el SUS en la gestión 2019 para 5.595.547 bolivianos que no cuentan con ningún seguro de salud, significa Bs 248,7 o $us 35,7 per cápita. Por lo que podemos concluir que el presupuesto asignado al SUS para la gestión 2019 es tres veces superior a los seguros implementados en Tarija y Chuquisaca.
Entonces podemos concluir que el presupuesto inicial de 200 millones de dólares para el SUS es razonable y significativo, por lo que ese debate sesgado y teórico sobre el financiamiento debe tomarse como la oportunidad histórica que no se presentó en más de 180 años de vida republicana y que probablemente no se presente en el futuro inmediato. Por ello, se debe tomar al SUS como un factor de cohesión social e impulsarlo, por ser un anhelo y sueño del pueblo boliviano, especialmente de los sectores más desprotegidos.
