Como ya apuntamos en por lo menos dos editoriales anteriores, la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que todavía sesiona en Sucre, le traerá muchos beneficios al país, fundamentalmente de orden turístico.
Lo que queda por ver, y con una expectativa acrecentada por la confirmación de que recibirá en audiencia a representantes de los partidos de oposición, es si esta visita tendrá, también, algún beneficio político.
Lo primero que debe quedar claro, y lo dejamos establecido en un editorial del 8 de enero de este año, es que la CIDH nunca considera temas referidos al país en el que sesiona así que, con audiencia o no, no habrá ningún pronunciamiento oficial sobre las demandas de la oposición. Como lo expresamos hace un par de días en este mismo espacio, “lo más que se puede esperar, entonces, es que considere las denuncias provenientes de nuestro país —si es que las tiene— en sus próximas sesiones”.
Frente a eso, ¿para qué ha pedido audiencia la oposición? Sus operadores conocen las reglas básicas de la CIDH así que no se puede decir que la solicitaron por ignorancia. Ellos saben que sus demandas no serán consideradas en esta sesión pero, aun así, pidieron ser recibidos. ¿Cuál es su propósito?
La respuesta parece haber sido proporcionada por el candidato Carlos Mesa que, junto a su acompañante de fórmula, estuvo en Sucre y Potosí este fin de semana. Según su explicación, lo que se pretende es que la CIDH recoja, e incluso sume, antecedentes para un pronunciamiento oficial posterior respecto a la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica que, como se sabe, es actualmente usado como base para la candidatura del binomio oficialista.
Ese artículo consagra como derecho humano al derecho político a “ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”. Como se puede ver, el precepto no habla de reelecciones consecutivas o ilimitadas pero tampoco las prohíbe. Se impone, entonces, un pronunciamiento oficial de la CIDH respecto a su contenido. Por tanto, lo que busca la oposición es que la comisión sume argumentos para dicho pronunciamiento.
Y sí… habrá un pronunciamiento pero no será pronto. Es más, en diciembre del año pasado, luego de que el Tribunal Supremo Electoral habilitara al binomio oficialista, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia pidió oficialmente a la CIDH “que solicite una opinión judicial consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en Costa Rica y que interpreta la Convención Americana”. La respuesta de la comisión es que necesitará tiempo para ello.
La opinión de la Corte IDH interpretando el artículo no se referirá simplemente al caso boliviano porque el famoso artículo 23 ya fue utilizado antes por Daniel Ortega, en Nicaragua; Oscar Arias, en Costa Rica, y Juan Orlando Hernández, en Honduras, siempre con el mismo objetivo: pasar por encima de la Constitución y volver a postular. El problema es que, cuando lo haga, habrá pasado tanto tiempo entre la solicitud y la interpretación que ésta llegará a destiempo, cuando la violación constitucional ya esté ejecutada.
En el caso de Bolivia, nada evitará que Evo Morales y Álvaro García se presenten como candidatos en las elecciones de octubre, violando el artículo 168 de la Constitución. Habrá que prepararse, entonces, para las consecuencias de esa acción.
