Febrero negro

Ya hace 16 años, una manifestación de los estudiantes del colegio Ayacucho protestaba en plena plaza Murillo, estos aguerridos adolescentes apedreaban el Palacio de Gobierno ante la impotencia de la Policía Militar que no atinaba a tomar medida para evitar la protesta estudiantil.

Pero, ¿Por qué la Policía Nacional no actuaba de acuerdo a sus obligaciones y competencias?; la respuesta simplemente se sintetiza en que estaba amotinada debido a que el gobierno pretendió la aplicación de un “impuestazo” a los salarios de los trabajadores bolivianos entre ellos la Policía Nacional que era una de las entidades con los sueldos más bajos del sector público.

Ese fatídico febrero de 2003, el gobierno del MNR pretendía, mediante el impuestazo a los salarios, recaudar recursos para mitigar su déficit fiscal, que una gestión anterior supero el 6% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), este impuesto era del 12,5% sobre los pocos “afortunados” que teníamos un trabajo “formal” y que percibíamos un salario mensual.

Este proyecto de recaudación tributaria se daba debido a que la “capitalización” (el mejor logro del MNR) no daba los resultados esperados, ya el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) daba sus últimos aletazos para en un futuro no muy lejano desaparecer, los ferrocarriles prácticamente estaban en la miseria, las utilidades de ENTEL estaban por los suelos, todo esto desembocaba en una recaudación paupérrima para el Estado Nacional lo cual no alcanzaba ni siquiera para el pago de los sueldos del sector público, entonces no quedó mejor idea que “sacar” dinero a los afortunados que teníamos un trabajo, para de este modo palear las constantes obligaciones que no pudieron ser cubiertas por el gobierno.

Con el amotinamiento de la Policía y la convulsión social imperante en el país, se produjo un mortal enfrentamiento entre policías (apoyados por el sector sindical y movimientos sociales) y militares apoyados por Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, estos últimos lograron también el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos al lograr convencerlos de que las movilizaciones populares no eran otra cosa que una conspiración para cometer un asesinato contra Goni y Mesa.

Al final no se aplicó este impuestazo, pero dejó varios muertos, (sobre todo policías), dejándonos el aprendizaje que una medida económica no planificada y aplicada a las malas, puede generar un caos no solo económico, sino también político y social, este impuestazo desemboco en la “limosneada” de Carlos Mesa, ya que las medidas económicas de ese régimen nunca lograron los resultados esperados, solo eran un engaño para entregar a manos privadas transnacionales los recursos de los bolivianos.

En la actualidad es sorprende que el Colegio Médico de Bolivia plantee la aplicación de un impuestazo a algunos sectores económicos para tratar de “financiar el SUS”, este planteamiento ¿será que tiene un fin oscuro y malicioso de crear enfrentamiento entre bolivianos?, ojalá que sea solo un planteamiento de show y protagonismo y ojalá que el gobierno actual no haga caso a semejante planteamiento. La aplicación de cualquier impuesto debe ser trabajada por profesionales financieros y no por médicos.

 

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