En la declaración universal de derechos humanos aparece el postulado que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y también a cambiarla. Punto; y ahí terminó el furibundo debate sobre la nacionalidad chilena de la Presidente de la Cámara de Senadores, que ha tenido ocupados y embobados a todos aquellos seres que no tienen mucha capacidad para distinguir el verdadero trasfondo de este tipo de eventualidades, tan sospechosas. Evo Morales ha saludado esa renuncia a la nacionalidad chilena, y ha destacado el compromiso de la senadora con Bolivia y especialmente con Santa Cruz. Irónicamente diría que alguien debería saludar a todas aquellas mujeres que renuncian a la pollera o se la ponen, por conveniencia.
Nada de nada. Lo que ha quedado al descubierto con este incidente, no ha sido tan sólo la mentira sobre la doble nacionalidad, sino una sarta de encubrimientos y planes que deben ser esclarecidos lo más pronto posible. El primero de ellos es la arremetida tramada de los operadores políticos y empresariales de Santa Cruz en todos los recovecos donde exista un ápice de poder. El cambismo está en todo, me refiero a ese cambismo oportunista y azul.
La presidente del Senado es camba, e hija del ex ministro masista de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, perseguido para ser enjuiciado por delitos contra el patrimonio del Estado y escándalos millonarios de corrupción. Si ella es camba, su suplente es más camba, el senador que es hermano del ex ministro de Obras Públicas, ahora embajador de Bolivia en Uruguay, también señalado en actos ilícitos. Mucho poder detrás de negociados del cambismo con soya, carne vacuna, etanol, aceite, azúcar, terrenos, maquinaria agrícola, comercio e industria.
Sólo mis lectores acuciosos coincidirán conmigo en que la Presidente del Senado está ahí como una persona de confianza del cocalero, no sólo para controlar el proceso electoral de octubre próximo, modificando leyes a medida para consagrar la inconstitucional reelección, sino para una tarea más importante que es evitar el procesamiento penal de su padre. A este ex ministro azul le acusan de la desaparición de 276 tractores y maquinarias que debían ser adjudicadas a los pueblos campesinos e indígenas afectados por desastres naturales; y que fueron vendidos a agricultores menonitas. El caso fue llevado hasta el Tribunal Supremo de Justicia y hasta la fecha no se ha cumplido con el Auto Supremo N° 89/2009 que solicita a la Asamblea Legislativa para que autorice el juzgamiento del ex ministro. Ya transcurrieron 10 años de permanentes obstaculizaciones y nada. Algunos diputados opositores ya le pidieron a la senadora que renuncie o se excuse por tener conflicto de intereses en el asunto penal de su padre, pero todo indica que el plan está dirigido a liberar de responsabilidad al ex ministro y habilitarlo como candidato limpio en las elecciones; o, por lo bajo, para que Hugo Salvatierra pueda nuevamente dirigir un ministerio.
Ya nadie debe dudar de que los que gobiernan Bolivia no son los servidores públicos de los órganos del Estado, ni los estadistas (que no existen), sino una red organizada de encubrimiento, en la que no milita ministro, autoridad, magistrado o legislador masista que no esté involucrado directa o indirectamente con algún caso escandaloso de corrupción y de asalto al patrimonio estatal. Lo peor de todo es que hay seres vivos que están dispuestos a votar por ellos. Ni hablar del narcoestado que les protege.
