Resulta curioso cómo, en el caso de ciudades como Sucre y Potosí, la palabra “patrimonio” puede ser utilizada de maneras tan contrapuestas entre sí.
Como se sabe, ambas ciudades han sido inscritas en la lista del patrimonio mundial debido a su enorme riqueza histórica, artística, cultural y arquitectónica. Para países que viven del turismo, una inscripción de esa naturaleza sería bien utilizada, fundamentalmente para atraer una mayor cantidad de visitantes. Lamentablemente no es el caso de Bolivia, por lo menos no en el de Sucre y Potosí.
Pese a que fueron los primeros sitios en inscribirse en la lista privilegiada de la Unesco, ambas ciudades todavía no han logrado emitir legislación especial para el cuidado de su patrimonio. Es por eso que siempre que se intenta intervenir en inmuebles en riesgo, o frenar modificaciones en sus estructuras, los propietarios se defienden con el Código Civil que, al ser especial y supletorio, es un instrumento válido en los tribunales.
Tenemos, entonces, por un lado, un patrimonio que consiste en el conjunto de bienes acumulado como consecuencia del paso del tiempo y que se traducen fundamentalmente en edificios históricos que, por eso mismo, deben preservarse, pero; por otro lado, muchos de esos inmuebles —fundamentalmente las construcciones civiles— pertenecen a personas para las que son otro tipo de patrimonio, el “conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título”.
Las personas particulares defienden su patrimonio con el Código Civil. ¿Qué tienen las ciudades patrimoniales para defender el suyo? Prácticamente nada. Por eso es que vemos cómo hay edificios históricos que desaparecen paulatinamente o bien son transformados por sus propietarios, a veces de manera subrepticia, trabajando primero por dentro para luego recién terminar obras en el exterior, aún a riesgo de ser sancionados por las alcaldías.
Un caso digno para el análisis, en Sucre, es el de la casa en la que, según reza la plaqueta puesta en su fachada, nació el escritor Carlos Medinaceli, sobre el que hubo una controversia reciente. Quien vaya a verla a la calle Junín, donde está ubicada, verá cómo ha sido transformada en una galería comercial destinada a la economía informal. Nadie hizo nada por cuidarla y la plaqueta fue un simple saludo a la bandera.
Entretanto, en Potosí, las autoridades se están viendo impotentes de poder intervenir en la restauración de la casa de Armando Alba cuyo techo de la planta alta se derrumbó la noche del último lunes. La Gobernación quiere restaurar el inmueble para convertirlo en un museo pero la persona que apareció, y declaró tener derechos sobre él, comunicó su intención de construir cuatro departamentos allí mismo.
Se trata, obviamente, de una muestra patente de insensibilidad con el patrimonio cultural. Armando Alba fue un potosino ilustre, amigo de Carlos Medinaceli y recordado por haber recuperado la Casa de Moneda en la década del ’40. Dejó un importante legado traducido en publicaciones y hasta una biblioteca que se encuentra precisamente en la casa que ha comenzado a desmoronarse.
Pero a la persona que reclama el derecho propietario, eso parece importarle poco. Ella piensa solo en su patrimonio y, por lo manifestado a las autoridades potosinas ayer, poco le importa el valor del legado de su ilustre antepasado.
Desde luego que la ley prevé acciones para casos como este. Después de todo, la propiedad sobre un inmueble no solo da derechos sino también crea obligaciones y una de ellas es la conservación del bien que se posee. En el caso que comentamos, no se hizo nada para preservar el inmueble y este se ha deteriorado.
