A la hora de los tribunales, las diferencias ideológicas se diluyen y sólo aparecen los políticos, oficialistas u opositores, ejercitando las mismas acciones. La diferencia es su posición coyuntural: o en el gobierno o enfrentado a él.

La conducta de un opositor es invariablemente la misma: ataca al gobierno maximizando sus defectos y denunciando sus ilegalidades pero, cuando llega al poder, y se convierte en oficialista, hace exactamente lo mismo que aquellos a quienes criticó.

Probablemente uno de los casos más emblemáticos sea el de la masacre del oro, mejor conocida como “la masacre de Navidad”, por su proximidad con la fecha, y que ocurrió en los campamentos nortepotosinos de Amayapampa, Capacirca y Lagunillas en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Los hechos de diciembre de 1996 se produjeron porque el gobierno boliviano movilizó a las fuerzas de seguridad del Estado para proteger las inversiones de una empresa privada, la Vista Gold Corporation. Los choques se produjeron en los tres lugares antes referidos y causaron la muerte de 11 personas y medio centenar de heridos.

El 30 de diciembre de 1996, Sánchez de Lozada admitió que fue él quien envió las tropas a los campamentos en los que se produjo la masacre. Pese a la cantidad de muertos, todavía no se medía el impacto de la matanza. Menos de un mes después, el 23 de enero de 1997, el entonces comandante en jefe de las fuerzas armadas, general Hernán Aguilera Bianchi, dijo, en conferencia de prensa, que quien dio la orden de disparar fue el Presidente de la República. Cuando el caso se convirtió en un escándalo internacional, esas versiones fueron cambiadas y Aguilera se desdijo afirmando que la prensa lo malinterpretó.

Lo primero que se buscó fue librar de toda responsabilidad a Sánchez de Lozada y eso fue lo que se consiguió. El informe en conclusiones de la Fiscalía General de la República, encabezada por el tristemente célebre Óscar Crespo Soliz, señaló que los responsables de la masacre fueron oficiales de mediana graduación del Ejército y la Policía que fueron procesados y, finalmente, recibieron penas mínimas.

Respetando las obvias diferencias, algo parecido sucede ahora con el caso de la muerte de Jonathan Quispe, estudiante de la Universidad Pública de El Alto que falleció en las marchas que protagonizó ese colectivo exigiendo un mayor presupuesto para su funcionamiento.

En este caso también hubo informaciones contradictorias porque, de inicio, hasta se acusó a los universitarios de haber sido ellos quienes ocasionaron la muerte de Quispe. Luego se habló de canicas y, finalmente, se identificó como responsable a un oficial de Policía de mediana graduación que recibe una sentencia mínima. Lo mismo pasó con el caso Amayapampa.

En el orden institucional del Estado, y por mandato de la Constitución, el Presidente del Estado es el Capitán General de las Fuerzas Armadas y bajo su mando también  se encuentra la Policía Boliviana. Debido a ello, no es concebible que los oficiales de alto rango actúen al margen de sus instrucciones y, consiguientemente, es inadmisible que los de mediana graduación rompan la cadena de mando.

Por lo que se ve, en este caso se está aplicando una fórmula muy parecida a la que usó Sánchez de Lozada en el caso Amayapampa: se ha derivado la responsabilidad a un oficial de mediana graduación, el subteniente Casanova, que, en el momento de mayor difusión del caso, se limitó a admitir su culpabilidad pero después se acogió al silencio. Parecía estar protegiendo a alguien. Y, por ello, está recibiendo una pena mínima por un delito tan grave como el asesinato.