Entre los clichés de la nueva CPE –que acaba de cumplir 10 pirulos– encuentro aquellas pomposas declaraciones sobre la –supuesta– igualdad de todos nosotros. Incluso, a algún burócrata no se le ocurrió mejor idea que obligar a los establecimientos públicos a exhibir el ya famoso letrerito: “Todos somos iguales ante la ley”.
No es que esté en contra de aquella idea (por supuesto que la aplaudo) pero como Goethe decía que si bien las leyes pueden ser muy duras, peor es la realidad e incluso, Lew fue brillante puntualizando: "Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla”, ocurre que en el pluri, definitivamente existimos ciudadanos de primera y de segunda categoría, siendo el criterio primordial para tal discriminación, su afinidad o no al régimen y a su partido. ¿Y el sistema de “justicia”? Bien, gracias.
No sólo eso, existen además territorios liberados del calamitoso Estado Plurinacional y de sus “instituciones” (así entre comillas), puesto que si la persona o el territorio no está sometido al régimen, sus jueces y fiscales adictos le meten nomás cualquier interpretación arbitraria de la norma, de manera desproporcionada e irrazonable, vulnerando impunemente –por el momento– la misma CPE y los IIII. Pero, si el o los agresores son del partido, los mismos funcionales se harán del otro viernes, si es que no los encubrirán flagrantemente.
Una suerte de republiquetas en las que no rige norma legal si se trata de los afines y, de existir aún algún vestigio de alguna “institución” del Estado, aparece sólo para proteger al partido y secuaces, aun a costa de su propia subsistencia institucional. Es que, primero es lo primero, el Estado de derecho, sus instituciones, el cumplimiento de las leyes, pueden esperar al retorno del sistema democrático…
Ese estado de anomia institucional en el curso de estas últimas semanas ha sido puesto en mayor evidencia a partir de varios hechos. En el territorio liberado de la republiqueta cocalera del Chapare, un grupo de ¿comunarios? atacó a efectivos policiales encargados de la represión al narcotráfico que habían tenido la osadía –faltaba MAS– de invadir su territorio e, incluso, impidieron que uno de ellos –herido– pueda acceder a asistencia médica oportuna. Si lo mismo hubiera ocurrido en territorios en los que su jefazo no reina, como por ejemplo en la zona –también cocalera, pero no liberada– de Los Yungas, el resultado hubiera sido radicalmente distinto: preguntar al Sr. Franclin Gutiérrez, uno de los presos políticos del régimen.
Un interesante reportaje de Los Tiempos prueba que desde 2017, el régimen realizó al menos diez operativos de relevancia en los Yungas, con un saldo de más de 270 detenidos, mientras que no encontró ninguna intervención de relevancia en el trópico de Cochabamba, a pesar de que reportó un crecimiento de cultivos de coca de 16 por ciento entre 2016 y 2017 (de 7.200 a 8.400 hectáreas), y que el 90 por ciento de producción de coca de la zona no pasa por mercados legales, según datos de UNODOC.
Los “chistesitos” machistas del padrino del territorio liberado del Chapare prometiendo cholitas a un impresentable ministro o las memorias del jefazo formuladas precisamente como parte del ¿festejo? del Día Internacional de la Mujer, no han merecido –siquiera para la platea– la condena acostumbrada de varias de las instituciones de defensa de las mujeres –primero son las consultorías, los fondos y las afinidades partidarias– y menos de algún organismo que de no tratarse de ellos, seguramente ya habría abierto investigación penal hasta las últimas consecuencias. No es que pretenda la expansión del Derecho Penal, pero: advierto nuevamente rasgos de algo peor, el Derecho Penal del enemigo que trata a los amigos con pétalos de rosas hayan hecho lo que hayan hecho y, a sus “enemigos” de manera exactamente contraria. Balzac enseñaba: "La igualdad tal vez sea un derecho, pero no hay poder humano que alcance jamás a convertirla en hecho".
