EDITORIAL

Infiernos en la tierra

Un Estado que se respete a sí mismo debe garantizar la seguridad de sus habitantes, sin distinciones de ninguna naturaleza. Esta obligación no es implícita sino que está incluida en los principios constitucionales.

En el caso de Bolivia, el artículo 9 de la Constitución Política del Estado (CPE) dice que “son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: (…) 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo…”.

Más adelante, el artículo 23 señala que “la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”. El precepto siguiente complementa el cuadro al establecer que “toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal (y) la libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”.

Al referirse a la restricción de la libertad, la CPE nos está hablando de las penas que privan de ella y éstas son las que se aplican cuando una persona es sentenciada como culpable de la comisión de uno o más delitos pero también esos casos están en el margen constitucional. Así, el parágrafo tercero del mismo artículo 23 advierte que “nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley”.

La privación de libertad es una de las penas para castigar delitos en Bolivia y el tiempo que dure depende de los delitos por los que son imputados los presuntos autores. Pero aun en los casos en los que una persona recibe una sentencia y ésta es ejecutoriada, sólo pierde algunos de sus derechos, generalmente civiles, pero mantiene otros, los elementales del ser humano y eso incluye la dignidad. Por ello, el artículo 118 de la misma Constitución establece que “el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto a sus derechos”.

Todo lo que transcribimos hasta aquí suena muy bien y hasta se podría decir que es bonito… ideal. No obstante, la realidad es completamente distinta.

Para nadie es un secreto que la administración de justicia es mal aplicada en Bolivia y generalmente se ensaña con los económicamente débiles. Las cárceles están pobladas, por una parte, por centenares, quizás miles, de personas que no tienen una sentencia ejecutoriada –bajo la denominada detención preventiva– y, por otra, por personas cuya capacidad económica no les permite defenderse adecuadamente.

Se ha demostrado superabundantemente que las cárceles bolivianas son infiernos en la tierra que en lugar de rehabilitar a las personas sentenciadas por la comisión de delitos las malean todavía más o les enseñan a delinquir, en el caso de los inocentes. Nuestra historia reciente está poblada de sucesos sangrientos en lugares como Palmasola, Chonchocoro o San Pedro.

Por ello, no es de extrañar que en cárceles alejadas de los grandes centros urbanos, como es el caso de Rurrenabaque, en el Departamento del Beni, una brasileña con detención preventiva haya sido violada repetidas veces por sus carceleros. Este hecho, denunciado por un senador, dio lugar a que mujeres que estuvieron encerradas en la carceleta del también municipio beniano de Reyes denunciaran haber sufrido el mismo infierno en sus detenciones.

Parecen hechos aislados pero, si recordamos otros similares y recientes, entenderemos que son síntomas de un Estado que no está cumpliendo algunos de sus fines y funciones.

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