Algo está sucediendo. Aunque los militares son tanto o más privilegiados que los policías, es la institución verde olivo la que se ha visto afectada por denuncias de corrupción que, lejos de ser casos aislados, como afirmó su comandante general, constituyen síntomas de una situación más generalizada que, pese a ello, no es debidamente analizada.
Lo primero que se debe recordar es que las denuncias contra policías no son recientes. Probablemente el primer escándalo de los últimos tiempos fue el del atraco de Calamarca, cuando un grupo de hombres armados robó 250 mil dólares de la remesa de una empresa minera estatal. Quien planificó y ejecutó el robo, con sus escasos cómplices, fue un capitán de Policía. Pero este hecho sí fue un caso aislado porque ocurrió en 1961 y, desde entonces, no hubo otro similar durante 40 años.
En diciembre de 2001, una banda de hombres armados atracó un camión blindado de Prosegur, una empresa multinacional dedicada al transporte de dinero para los bancos. El botín superaba el medio millón de dólares. Al igual que en el caso del atraco de Calamarca, el planificador del robo fue un oficial de Policía, el coronel Blas Valencia.
A diferencia de lo ocurrido en 1961, el caso de la llamada “Banda de Blas” fue el inicio de una serie de hechos delictivos en los que el protagonista es, invariablemente, un policía. Los casos más denunciados son los sobornos que en las últimas semanas dieron lugar a la detención preventiva de oficiales de alto rango, generales y coroneles.
Y no es que los sobornos sean una novedad. Lamentablemente, el imaginario popular boliviano está repleto de chistes y anécdotas de policías de calle, patrulleros, que detienen a personas o conductores por supuestas infracciones y les cobran sobornos directos para no remitirlos a los juzgados policiales. Es el famoso “artículo 20” que hace referencia a que el soborno mínimo es de 20 Bolivianos.
Pero los sobornos de las últimas semanas no son callejeros sino de escritorio. Generales y coroneles fueron detenidos tras encontrarse pruebas que les implican en cobros para posibilitar el ingreso de postulantes a la universidad policial. Sumados, los montos son altos así que, si habría que hablar de algún artículo, éste llegaría, o rebasaría, fácilmente las seis cifras.
Y hay más. Como no se trata de casos aislados, sino de conductas que fácilmente podrían ser rotuladas como “grupales”, apenas se disipaba un escándalo cuando estalló otro, el de un exjefe policial de Oruro que, aprovechando su alto cargo, cobró sobornos para facilitar la asignación de oficiales a puestos de lucha contra el contrabando. Aquí ya no sólo estamos hablando de la receptación de dinero mal habido sino de algo más grave: una red para delinquir integrada por oficiales de Policía.
Lo que pasa, entonces, es que la Policía no sólo no combate el crimen –en este caso el contrabando– sino que lo fomenta. Los oficiales pagaban a su comandante para ir a puestos en los que ellos, a su vez, lucraban cobrando sobornos a los contrabandistas.
Si a eso sumamos las denuncias de violación a detenidas por parte de los policías que las cuidaban, configuramos un panorama macabro: la Policía se habría convertido en una institución que, en lugar de combatir a la delincuencia, la promueve desde sus más altos cargos.
Frente a estas constataciones, habrá que considerar los secretos a voces sobre los cobros que los oficiales policiales harían al margen de la ley. Y eso va desde sobornos hasta cobrar, en su beneficio, por el servicio de seguridad privada.
La realidad resulta estremecedora: el crimen organizado está dentro de la Policía. Y eso no puede considerarse “casos aislados”.
