Es paradójico que, pese a estos avances, sigan surgiendo reportes de hechos de violencia que, por su recurrencia, no pueden ser considerados casos aislados. Debido a ello, estamos hablando de una etología o, cuando menos, los síntomas de una preocupante situación repetitiva
Cuando es ejercida en contra de la mujer, la violencia es considerada como tal bajo diversas formas, desde un insulto hasta el feminicidio.
En Bolivia existe una Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la número 348, y esta es la que define hasta 16 tipos de violencia: física; feminicida; psicológica; mediática; simbólica y/o encubierta; contra la dignidad, la honra y el nombre; sexual; contra los derechos reproductivos; en servicios de salud; patrimonial y económica; laboral, en el sistema educativo plurinacional; en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer; institucional; en la familia; contra los derechos y la libertad sexual; y, por si faltara alguna, se identifica como tal a “cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que viole los derechos de las mujeres”.
Vista así la ley, encontramos que esta es vulnerada constantemente porque existen formas de violencia que, hasta ahora, no han sido sancionadas como; por ejemplo, el despedir a una mujer de su trabajo o negarle el pago de asistencia familiar que, bajo la óptica de la norma que analizamos, tendría que ser considerada violencia patrimonial y económica.
Pero no se puede negar que la Ley 348 se está aplicando bastante en otras situaciones, particularmente en las de pareja, pues evita que una mujer siga conviviendo con un hombre que la somete a situaciones de violencia y, si es necesario, incluso obliga al varón a dejar la vivienda común aunque esta sea de su propiedad.
Es paradójico que, pese a estos avances, sigan surgiendo reportes de hechos que, por su recurrencia, no pueden ser considerados casos aislados. Debido a ello, estamos hablando de una etología o, cuando menos, los síntomas de una preocupante situación repetitiva a nivel de un sector de nuestra sociedad, el de las autoridades.
La base para esa conducta es, indudablemente, el machismo que es característico de la sociedad boliviana. Ya con motivo del Día Internacional de la Mujer publicamos en este mismo espacio que el machismo ha distorsionado la visión de la realidad al extremo de que los maltratos a la mujer y su relegamiento son consideradas conductas normales. En ese marco, la cosificación de la mujer, que da lugar a que muchos hombres las miren como objetos sexuales, es la principal causa para las violaciones que, aberrantes y todo, pueden llegar a ser conductas celebradas, secretamente, en ciertos sectores masculinos.
Por lo apuntado, la violación no es vista como delito, ni siquiera como transgresión, así que aparece en diversas formas, incluida la grupal. Y como el ejercicio del poder es considerado por muchos como una permisividad, entonces alienta a cometer actos de esa naturaleza.
Por ello es que tenemos casos de diputados que cometen violaciones pero no sólo a mujeres adultas sino también a niñas. Son denunciados y lo primero que hacen es negar la comisión del delito. Luego, cuando les imputan, se dan a la fuga. La recurrencia de estos hechos comenzó con el tristemente célebre caso de los asambleístas chuquisaqueños que violaron a una mujer del servicio en estado de ebriedad.
En un segundo lugar de preocupación están los maltratos, bajo diferentes formas, desde los golpes a los acosos. Recientemente, la violencia física o psicológica ha dado lugar al alejamiento de autoridades de sus cargos pero los que permanecen en la impunidad son los de violencia laboral. Ahí está, como execrable ejemplo, el de la empresa estatal de televisión.
Y finalmente está la violencia económica que se manifiesta, fundamentalmente, en la negativa de paternidad y consiguiente resistencia a pagar asistencia familiar. El caso más reciente es el de un Viceministro pero este tipo de conductas tocaron también, en su momento, al propio Presidente del Estado.
