Desfalcador es aquel que desfalca y desfalcar es “tomar para sí un caudal que se tenía bajo obligación de custodia” y “derribar a alguien del favor, privanza o amistad que gozaba”. A partir de ahí, es correcto llamar desfalcadores a aquellos servidores públicos que aprovechan su condición de tales para apropiarse de dineros del Estado.
Y los desfalcos, como nos consta y figuran en todos los medios de prensa, se han convertido en una constante de los últimos años, tanto que tampoco se puede hablar de casos aislados sino de casos preocupantemente recurrentes.
No obstante, es preciso apuntar que los desfalcos no son característica exclusiva de ciertos gobiernos sino de todos. Por eso es que es posible encontrar por lo menos un caso en la mayoría de ellos, excepción hecha de algunos de los de transición que, por el breve tiempo que ejercieron el mando, no dieron lugar a reportes sobre esos delitos.
El actual gobierno, en cambio, ya lleva más de 13 años en el poder y, por tanto, los reportes de desfalcos son numerosos. Que esto sea como consecuencia del largo tiempo de permanencia en el poder o de alguna tendencia por parte de quienes lo ejercen es, precisamente, uno de los temas que se debe discutir al hablar de la etología de quienes los cometen.
El primer caso connotado fue el de la supuesta falsificación de documentos para que quienes paguen por ello consigan visas a China. Los involucrados fueron los entonces senadores del MAS Santos Ramírez, José Bailaba y Guido Guardia, sin mayores consecuencias. Otro hecho denunciado con gran volumen pero que quedó en la impunidad fue el del tráfico de 33 camiones de contrabando que implicó al entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
El siguiente de la lista es el de la asociación accidental Catler Uniservice que se adjudicó el proyecto de construcción de una planta separadora de líquidos para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Como se sabe, este asunto involucró al entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, quien era uno de los hombres más poderosos del gobierno de Evo Morales.
Tan grave fue este caso que de por medio hubo un asesinato, el del empresario Jorge O'Connor D'Arlach, muerto a tiros un 27 de enero de 2009 en La Paz cuando llevaba 450 mil dólares en efectivo para el pago de una supuesta coima destinada a Ramírez. Un detalle a tomar en cuenta para los casos que sucedieron después es que en éste estuvieron involucradas personas particulares; es decir, sin relación directa de dependencia con el Estado.
Este hecho, el de los particulares que se benefician de los desfalcos, aparece con características propias en el de la empresa china CAMC que fue beneficiada con millonarios contratos estatales gracias a las supuestas influencias de su ex gerente comercial, Gabriela Zapata. La consideramos “particular” porque no se probó fehacientemente una relación legal directa con el presidente del Estado —como, por ejemplo, de paternidad compartida— ya que, de ser así, se estaría hablando también de tráfico de influencias, un delito que salpicaría al mismísimo presidente.
Esa misma característica aparece en uno de los mayores desfalcos del gobierno, el del Fondo Indígena, pues involucra hasta unas 200 personas, la mayoría de ellas sin relación laboral directa con el Estado. La mayoría de los involucrados son dirigentes sindicales o del MAS, como son los casos de Remy Vera, Melva Hurtado y Damián Condori.
Aunque el hilo conductor sea el vínculo directo o indirecto con los recursos públicos, el hecho de que haya particulares involucrados en estos casos hace tambalear su calificación como desfalcos. Debido a ello, resulta más general y preciso hablar de robos, en lugar de desfalcos, y, de ser así, los implicados ya no son desfalcadores sino simple y llanamente ladrones.
