En ceremonia pública a realizarse en La Paz, el Ministerio de Culturas y Turismo dará a conocer el fin de semana los nombres de los 111 ganadores de la séptima versión del Premio Plurinacional Eduardo Abaroa.
Debido a las cifras que representa, se trata del premio mejor dotado del país: se reparte 1,8 millones de Bolivianos para los 111 ganadores de nueve categorías en 58 especialidades. Para cubrir el total de 1.704 postulaciones que fueron presentadas hasta fines de octubre del año pasado, se nombró a 141 personas que hicieron el trabajo de jurados durante 40 días.
Pero más allá de las cifras, este premio ya amerita un análisis desde el punto de vista ideológico. Si bien es evidente que fomenta las artes en sus diferentes expresiones, incluyendo aquellas que nunca antes habían sido tomadas en cuenta, también es cierto que está sujeto a criterios de selección que no figuran en las convocatorias pero son implícitos, dado que se trata de un premio gubernamental.
Así sea parcialmente, la selección de jurados no escapa a cuestiones de simpatías o antipatías o, para ponerlo más claro, a la afinidad de los seleccionados con el gobierno o su denominado “proceso de cambio”. A partir de ahí, es fácil suponer que la elección va por esa ruta. Aquellos trabajos que vayan en contra del “proceso”, o no se refieran a temas políticos, son los que fueron eliminados y no pasaron a la fase final. Eso significa que para ganar este premio en alguna de sus categorías, o por lo menos ser finalista, es preciso ser “políticamente correcto”.
De lo que se trata, entonces, es de caerle bien al Gobierno y, si hablamos de ganancias, las cosas van más allá… mucho más allá.
El actual Gobierno tiene, también, otro tipo de premios, unos que no obedecen a convocatorias ni son anunciados en actos públicos aunque generalmente conocemos de su concesión a través de los medios de comunicación social.
Esos premios son los cargos con los que la actual administración premia a los funcionarios que les fueron útiles o bien demostraron no sólo docilidad sino sumisión extrema. Entre los casos más escandalosos están los de algunos exmagistrados del Tribunal Constitucional que fueron quienes viabilizaron una nueva postulación del presidente y vicepresidente del Estado pese a que ésta va en contra de la Constitución Política del Estado. Como ya comentamos en este mismo espacio, algunas de esas personas fueron posteriormente designadas en cargos con un importante nivel salarial.
Entre los últimos casos destacan dos. Por una parte está el del ex fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, quien, luego de haber dejado su cargo con ignominia, a raíz del escándalo por el injusto encarcelamiento del médico Jhiery Fernández, fue nombrado cónsul de Bolivia en Chile; es decir, el equivalente a embajador por cuanto, a raíz de los diferendos con ese país, nuestra representación diplomática allá sólo tiene rango consular.
Por otra parte está el del ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia Pastor Mamani, que, luego de haber alabado públicamente al Gobierno en los últimos días de su gestión al frente del Órgano Judicial, fue candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional. A diferencia de la primera vez, Mamani no ganó esa elección pero su consuelo llegó pronto: el Gobierno lo nombró embajador en Panamá.
A estas alturas, negar que estas personas sirvieron políticamente al partido en función de gobierno mientras desempeñaron sus cargos no sirve de nada. El hecho de que hayan recibido esos nombramientos, esos evidentes premios, confirman las denuncias que en ese sentido expusieron inútilmente los opositores.
Y confirman, también, que en sus mandatos no hubo independencia en la administración de justicia.
