La detención de Sanabria y el juicio ante La Haya

El 22 de marzo de 2011 nadie podía suponer que un día después el presidente Evo Morales patearía el tablero de una forma tal que haría añicos el diálogo que había construido dificultosamente con sus pares de Chile Michelle Bachelet, primero, y Sebastián Piñera, después.

Solo seis semanas antes había visitado La Paz el entonces canciller chileno Alfredo Moreno, quien había mantenido una cordial reunión con su par, David Choquehuanca. Era la primera visita de un canciller chileno a Bolivia en 60 años. Todo parecía encaminado a que, esa vez sí, podía entreverse una solución a la mediterraneidad boliviana.

Morales había empezado su mandato en 2006 y de inmediato puso en marcha una estrategia de acercamiento con Chile. Logró iniciar un cordial relacionamiento con Bachelet, con la que tenía cercanía ideológica, y luego, más importante, se aprobó la Agenda binacional de los 13 puntos, que incluía abordar la discusión del asunto marítimo. Que Chile hubiera aceptado esa inclusión ya era un éxito.

En marzo de 2010 llegó a la presidencia Sebastián Piñera, un líder de derecha alejado de la ideología de Morales, pero sin deseos evidentes de antagonizar con él. De hecho, Piñera mantuvo la Agenda de los 13 puntos y no vetó la espinosa cuestión de la reintegración marítima.

Bolivia exigió entonces a Chile ofrecer una “solución” al tema marítimo. Lo hizo dos veces y le puso como fecha límite el 23 de marzo de 2011. Chile rechazó el plazo, pero no la idea de seguir avanzando en una solución al asunto. En ningún momento hubo una ruptura o una declaración chilena disonante con lo que se había estado haciendo ya por cinco años. En Chile, mientras tanto, se presuponía que Bachelet, que mantenía una alta popularidad, volvería al poder en 2014, como efectivamente sucedió.

El jueves 10 de marzo, 13 días antes del Día del Mar, Morales dijo textualmente sobre un posible anuncio importante ese día: “No tengo previsto nada, pero como siempre (…) en la mente (tendremos) retorno con soberanía hacia el mar”. No tenía nada previsto 13 días antes del 23 de marzo.

Y entonces vino el batacazo. Morales, ante la sorpresa de todos, anunció que enjuiciaría a Chile en los tribunales internacionales. Nadie podía creer lo que sucedía. En los medios peruanos, chilenos y bolivianos se especulaba sobre las razones que sustentaban un cambio de estrategia tan radical.

¿Qué puede haber motivado a Morales a transitar por esa nueva ruta? ¿No se podía tener un poco más de paciencia y mantener el estilo amistoso? ¿O finalmente alargar la relación diplomática hasta la casi segura vuelta al poder de Bachelet?

Yo tengo una hipótesis que explica esa situación y es la detención del general René Sanabria, que había sido exjefe de la FELCN y, en el momento de su apresamiento, jefe de una oficina antidroga dependiente del Ministerio de Gobierno diseñada para reemplazar a la DEA, ya para entonces expulsada del país.

Sanabria fue detenido el 28 de febrero en Panamá, precisamente por la DEA, acusado de tráfico de cocaína, avergonzando profundamente a Morales. Nada menos que el encargado de inteligencia antidrogas de Bolivia era acusado de ser un jefe narcotraficante internacional. Hubo la impresión de que Morales había errado al expulsar a la DEA y que su gobierno estaba penetrado por el narcotráfico. La detención de Sanabria, por ello, fue un golpe muy fuerte para la imagen del gobierno boliviano.

El 3 de marzo se conoció que Sanabria había sido detenido gracias a que policías antinarcóticos chilenos habían infiltrado a su organización, luego filmado y grabado en Arica y finalmente enviados los datos a la DEA, para que ésta procediera a la detención. En los días siguientes se supo que los agentes chilenos y estadounidenses estuvieron durante meses detrás de las actividades de Sanabria. La Policía chilena pudo haber detenido a Sanabria en Arica y haberlo expulsado a Bolivia. Pero prefirió apoyar a la DEA e, indirectamente, darle un golpe al régimen boliviano. Seguramente sus autoridades dudaron que Sanabria sería sancionado en Bolivia y por eso optaron por hacer que la DEA lo detuviera.

Nos podemos imaginar la molestia del presidente Morales, conocido no precisamente por su paciencia. Necesitaba contraatacar, algo que también es conocido como un rasgo suyo en la política interior boliviana. Y entonces optó por la demanda internacional.

Tan improvisada fue su decisión que en los días posteriores al 23 de marzo las autoridades bolivianas intentaban explicar la decisión de Morales y en su perplejidad decían que se procuraría denunciar el tratado de 1904, algo que no era correcto. Recién un año después los abogados internacionales contratados por el gobierno eligieron la estrategia de buscar que la Corte de La Haya forzara a Chile a negociar en base a los denominados “actos unilaterales de los estados”.

Por tanto, la decisión de judicializar la relación con Chile, estrategia que terminó con una derrota absoluta traducida en el fallo del 1 de octubre del año pasado, no fue una decisión estatal ni reflexionada, sino una acción decidida ante el calor de las circunstancias, un in promptu.

Tuve la ocasión de entrevistar a Morales, junto a tres colegas de Página Siete, dos meses después del anuncio del 23 de marzo de 2011. Le preguntamos si creía que hubo deslealtad del gobierno chileno al no informarle sobre Sanabria. Esta fue su respuesta: “No sé si es bueno u oportuno decir, pero comparto con su pregunta, hubo una deslealtad. Si había una investigación (contra Sanabria) ellos podían informarnos. Es una obligación informarse de Estado a Estado, qué interés habrá detrás de eso; espero que no sea interés de carácter geopolítico o una especie de agresión política, que siempre busca Estados Unidos. Hay algo oscuro en ese tema”.

 

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