La conmemoración del Día del Mar, todavía vigente hasta esta media semana en algunas ciudades del país, sirvió para recordar, entre otras cosas, que el plan expansionista de Chile no se limitaba al Litoral sino a otros territorios bolivianos.
En ese sentido, es realmente llamativo el contexto en el que se habría librado la batalla de Canchas Blancas, el 12 de noviembre de 1879. Aunque existen sectores de historiadores que todavía sostienen que esa batalla nunca ocurrió, son cada vez más lo que se adscriben a la versión de que fue un episodio histórico ocultado por la facción política que se adueñó del país tras la destitución de Hilarión Daza.
Entre los documentos que constituyen la base histórica de Canchas Blancas están el parte y una carta del coronel Lino Morales, el diario del coronel Ezequiel Apodaca y hasta la asignación de una pensión vitalicia a Benigno Soto, en 1931, tras haber declarado, y probado, que fue combatiente en esa batalla.
Ayer, el historiador tarijeño Elías Vacaflor Dorakis presentó en Potosí el libro “Tarija y la Guerra del Pacífico” en el que existen más detalles sobre Canchas Blancas. El investigador dijo, además, que entre los papeles que los bolivianos secuestraron a los chilenos tras esa batalla estaban documentos que revelaban que uno de los objetivos de los invasores era la ocupación de Potosí, primero, y de Sucre, después. Esa doble intención se explica simplemente por el hecho de que, aún en esa época, la plata del Cerro Rico seguía siendo atractiva para cualquier país ansioso de apropiarse de recursos naturales y, por otra parte, Sucre es la capital de país y, en esos tiempos, ocuparla era lo mismo que capturar el país entero.
En esa línea, la derrota que el destacamento de Morales infligió a los chilenos habría tenido la virtud de evitar la invasión de Potosí y Sucre.
Ese episodio todavía es objeto de análisis y discusiones entre los historiadores y, mientras eso ocurre, es el propio presidente del Estado quien reveló que nuestro país está vendiendo entre 1.000 y 2.000 toneladas de cloruro de potasio a empresas chilenas.
Hay por lo menos dos contrasentidos en esa actitud. Por una parte está el hecho de que Chile invadió territorio boliviano por la fuerza de las armas y ocupó territorio del que se adueñó mediante un tratado de paz y amistad firmado con engaños y presiones. En la Guerra del Pacífico, los bolivianos no sólo defendieron su territorio sino también sus recursos naturales pero ahora es el propio gobierno el que los pone a disposición del más ambicioso de nuestros vecinos.
Por otra parte, es llamativo el detalle de que, para provocar las revueltas de 2003, conocidas como “la guerra del gas”, el entonces opositor Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), de Felipe Quispe, se aprovecharon del rechazo a los chilenos para provocar la insurgencia de la gente. El MIP difundió, incluso, la versión de que, si se vendía gas a Chile, el precio de la garrafa de GLP subiría a 75 bolivianos.
El rechazo a lo chileno provocó la insurrección popular de 2003 y acercó al poder al MAS de Evo Morales. Quizá por eso, el gobierno de Carlos Mesa, que sucedió a Sánchez de Lozada, anunció públicamente que no vendería “ni una molécula de gas a Chile”.
Pero todo eso parece ahora tan lejano como la batalla de Canchas Blancas. Sin importarle la historia, el pasado reciente —“la guerra del gas”— y el sentimiento del pueblo boliviano, el Gobierno fue lo suficientemente pragmático como para venderle cloruro de potasio a Chile, y encima nos los cuenta.
El Gobierno maneja una política poco clara sobre el litio, que todavía no se industrializa, y los últimos tratos comerciales revelados mueven a pensar que también este recurso puede ser vendido a los chilenos.
