La década de 1985 a 1995 tuvo consecuencias dramáticas para millones de bolivianos que se vieron obligados a enfrentar situaciones que cambiaron la forma de vida gracias a la “relocalización” de los trabajadores mineros y el cierre o privatización de las fábricas y muchas empresas estatales.
En esa década otras ciudades reciben a miles de desocupados que se asientan en las periferias de Cochabamba, Tarija, Sucre y principalmente en El Alto que vio el impulso para alcanzar el progreso que tiene hoy.
Cerca de 20.000 trabajadores mineros son expulsados de las bocaminas de la entonces Corporación Minera de Bolivia, COMIBOL, luego de la dictación del D.S. 21060 a partir de 1985. Muchos recibieron una indemnización de mil dólares por año trabajado, extra a lo que legalmente les correspondía. Ese dinero fue invertido para adquirir un lote en las ciudades atractivas de ese entonces y aparecieron nuevos asentamientos urbanos, se levantaron barrios, la mancha urbana creció y en la actualidad son prósperas y las calles de tierra tienen asfalto y aceras.
Ante la necesidad se agudizó el ingenio para buscar una ocupación; talleres de diverso tipo fueron abiertos casi para todos los servicios, la oferta de mano de obra subió y los jornales eran reducidos porque el dinero traído de las minas no duró mucho. No pocos se dedicaron al servicio del transporte urbano al invertir el producto de la relocalización en la compra de un auto de segunda mano para trabajarlo como taxi.
Los hombres y mujeres que vivieron esa experiencia hoy oscilan entre los 60 y 70 años de edad. No pocos ya partieron al más allá; pero también quedan algunos en esos barrios que ellos edificaron para contar los recuerdos, sin olvidar nunca toda una vida que dejaron atrás en los campamentos mineros del Consejo Central Sud, Unificada de Potosí o las minas de Uncía, Llallagua, Huanuni y aledaños.
Otra consecuencia de la relocalización fue la desintegración familiar. A finales de esa década se advertía la cancelación de tres matrimonios por día, según datos de la Dirección de Registro Civil de entonces. Uno de los argumentos era la separación consentida por más de dos años que era uno de los causales. No pocos esposos eligieron el camino de migración fuera de las fronteras patrias prometiendo volver y llevar consigo a la familia; pero allí encontraron otra pareja además de la experiencia de vivir fuera del país. O volvieron sólo para pedir divorcio o nunca más retornaron.
Según las observaciones del extinto ONAMFA (Organismo Nacional de la Mujer, el Menor y la Familia), en esta década se produjo el mayor tráfico de menores. “Es un problema más grande de lo imaginado”, decía su presidenta de entonces, Bauer de Barragán. Nueve mil niños esperaban ser adoptados sólo a principios de los años 90.
También aumentaron las cifras de niños de la calle y creció la delincuencia, proliferaron las pandillas juveniles en las zonas periféricas de las ciudades. Los desocupados se organizaron para pedir un “bono de cesantía” al gobierno de entonces, años en que el MNR junto a una alianza política estaba en el poder y Víctor Hugo Cárdenas era vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. “El Estado no es la gallina de los huevos de oro, por tanto, vayan a buscar trabajo”, fue la respuesta a los movilizados.
Desde ese entonces la economía informal creció en proporción geométrica en todo el país, muchos hombres dejaron la perforadora de interior mina para dedicarse a vender baratijas, las madres dejaron a los niños y sus tareas cotidianas para ayudar el sustento. Hubo cambios definitivos para la vida del país y los bolivianos.
