Desde el 1 de junio de 2015, Bolivia cuenta con una Ley para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato. Lleva el número 700 y fue promulgada con la finalidad de “prevenir y penalizar los actos de violencia, maltrato, crueldad y biocidio cometidos por personas contra animales domésticos”.
En el marco del artículo 7 de esa ley, las entidades territoriales autónomas, entre ellas las gobernaciones y alcaldías, emitieron normativa propia “estableciendo sanciones contra actos de maltrato que provoquen dolor y sufrimiento, causados directa o indirectamente por las personas”. En virtud a ello, la mayoría de las alcaldías de las capitales de Departamento ya cuentan con leyes y otras normas municipales al respecto.
En los papeles, todo está bien. El problema está en ejecutar las normas. En el caso de la Ley 700, no se aplica lo dispuesto en el artículo 5, que es el que establece las obligaciones de las personas respecto a los animales de los que son dueños o encargados.
Y es que la mayoría de los dueños o encargados de los animales no cumplen con la Ley 700 porque no la conocen y, como ignoran esa ley nacional, mucho menos saben del contenido de las leyes departamentales o municipales. Tanto el gobierno plurinacional como los departamentales y municipales incumplieron con su obligación de difundir esas normas de tal forma que la mayoría de la población conozca su contenido.
Por esa ignorancia, la gente mantiene la costumbre de conseguir animales bajo cualquier concepto —compra, donación, adopción o rescate— sin tomar en cuenta que, para tener uno, es preciso contar con una infraestructura mínima.
Por elementales nociones de salud, los animales no pueden dormir en el mismo ambiente cerrado de las personas por el riesgo a contagio de enfermedades, incluso mutuamente. Eso significa que el animal debe tener un lugar exclusivo para el pernocte y éste no sólo tiene que protegerle de los fenómenos climáticos sino que debe procurarle una mediana comodidad. Más aún, la mayoría de los animales requieren espacios abiertos para movilizarse y crecer con normalidad. Todo esto es ignorado por las personas que, aún sin tener patio en sus casas, consiguen mascotas y las crían en condiciones insalubres, poniendo en riesgo tanto a los animales como a las personas.
Los casos más conocidos involucran a los perros, que son los animales con mayor presencia en los hogares de los bolivianos. Las personas que consiguen uno o más, no toman en cuenta que estos animales necesitan patios u otro tipo de espacios abiertos para poder correr y ejercitarse. Como muchos no cuentan con áreas de ese tipo, entonces dejan a los canes en las calles y no pocos dueños ni siquiera los alimentan. Esa irresponsabilidad provoca el surgimiento de jaurías urbanas que se convierten en peligros para la salud pública.
Pese a las leyes existentes, el control de animales se ha convertido en una tarea complicada y más por la actitud de sus defensores que por la falta de medios para hacerlo.
Fortalecidos con esas leyes, los defensores de los derechos de los animales, más conocidos como animalistas, no sólo exigen el cumplimiento de las normas sino que llegan a atosigar a los servidores públicos que tienen responsabilidad de hacerlo.
A tono con la Ley 700, los defensores olvidan que, si bien los animales tienen derechos, lo propio ocurre con las personas y, a la hora de poner las cosas en la balanza, hay que tomar en cuenta los intereses de estas últimas.
Una niña murió en Cochabamba por el ataque de un rottweiler que, para mayor agravante, era una de las mascotas de su casa. Sus padres la habían dejado sola con el animal y otros tres perros. La menor de edad falleció con espantosas heridas.
Esa es una muestra de que, a la hora de elegir, se debe priorizar a las personas.
