El Estado, como detentador del manejo y control de la fuerza pública, tiene la enorme responsabilidad de garantizar la seguridad interna del país en todos sus ámbitos. En ese sentido, los canales institucionales de las entidades a cargo son altamente sensibles en cuanto a su manejo y administración, por lo que ese es uno de los factores para que estados modernos en el mundo hayan adoptado mecanismos de institucionalización a través de los cuales no existe el amigo de partido o el compadre o comadre a quien deba acomodarse en un cargo público. Se contrata a los mejores porque en juego hay vidas humanas. Eso, en términos sencillos, es lo que te permite institucionalizar cargos.
La excepción a la regla se da cuanto alguien aparece ejerciendo una función para la cual no tiene la condición ni conocimiento debido. Esa pasantía partidaria ya conocida en todo gobierno de turno e incluso, el no entendimiento de que existen puestos en la administración altamente delicados que pueden no tener demasiada notoriedad o exposición pública, pero que son sensibles por su implicancia social, ha generado que en términos políticos, tales puestos sean los menos apetecidos, lo que conlleva a la no búsqueda de los mejores y, obviamente, a probabilidades de desatención.
Ese es, con certeza, uno de los males endémicos de la política boliviana y quizá la latinoamericana, con contadas excepciones. Por ejemplo, no existe una escuela del manejo de la cosa pública y de sus entes de administración que permita empoderar mínimos criterios extra partidarios cuando debe designarse a una persona en un cargo público. Esa es la causa, entre otras, para que la administración estatal no sea de la eficiencia y eficacia que se espera.
Bajo este repaso, la noticia de la adulteración de medicamentos en escalas y proporciones insospechadas viene a corroborar lo ya dicho en cuanto a la visión que se tiene de algunas reparticiones del Estado. El control en la fabricación y comercialización de medicamentos es un tema vinculado a la salud y seguridad pública. Solo en Bolivia podría acontecer la adulteración de medicamentos de toda gama, con harina, maicena, estuco y bicarbonato, en un negocio que movía, según fuentes policiales, alrededor de medio millón de dólares mensuales.
La banda operaba hace cinco años, lo que nos hace ver que no existía el debido control en fronteras y en la venta local, y que probablemente hayan existido redes vinculadas con este negocio que evitaban que el Estado ejerza su rol como correspondía. Adulterar medicamentos probablemente sea una de las actividades ilícitas más abominables por el carácter doloso de la actitud de los agentes, quienes no tuvieron reparo en hacer uso de estuco por ejemplo, para aparentar fórmulas medicinales en perjuicio de la población.
Todo esto debe llevarnos a meditar hasta dónde es capaz de llegar la mente humana en esa faceta malsana y delincuencial en la que no importa la salud de las personas, su condición social, económica y el esfuerzo que pudieron haber realizado para adquirir un medicamento cuando en los hechos lo que consumían era bicarbonato o estuco.
El gobierno debe ser riguroso y debe actuar sin contemplación en este caso. El Ministerio Público lo propio. Debe llegarse a establecer quiénes fueron los autores intelectuales, además de los materiales, y quiénes y desde qué estamentos de la administración pública (si así fue) se brindó cooperación a título de complicidad.
Este tema es demasiado grave como para tomarlo como un hecho más, donde la ciudadanía ya no se asombra al conocer un acto de corruptela, lo que ayuda a que el tiempo minimice los hechos. Se han cometido delitos contra la salud pública debidamente tipificados en el Código Penal, con la agravante que los hechos punitivos, generaron peligro de muerte en las personas, todas ellas bajo la categoría de víctimas múltiples. Cabe entonces, que la sociedad haga un seguimiento riguroso a este tema, por su extrema gravedad.
