Uno más y van… es difícil completar esa frase si se trata de la Policía Boliviana que tiene nuevo comandante general desde anoche.

El cambio es sorpresivo, por cuanto nadie se lo esperaba, pero se enmarca en la política errática que caracteriza al Gobierno en lo que se refiere a la institución del orden.

¿Cuántos comandantes hubo desde 2006, cuando Evo Morales asumió el poder? ¿Y cuántos fueron cambiados por acusaciones de corrupción? Las respuestas a esas preguntas podrían configurar un interesante reportaje no sólo sobre la inestabilidad que caracteriza a la Comandancia General de la Policía sino, fundamentalmente, sobre sus vínculos con sobornos y compras irregulares.

Si se los compara con crímenes como asesinatos y narcotráfico, los delitos que han sido endilgados a por lo menos dos ex comandantes generales de la Policía Boliviana pueden considerarse menores pero eso no significa que no involucren importantes cantidades de dinero.

Uno de los casos más conocidos fue el del general Luis Cerruto que, cuando desempeñaba las funciones de comandante general, ordenó la anulación de un contrato entre la institución del orden y una empresa que debía proveerle arroz y azúcar. El detalle es que la orden sobrevino cuando ya se había cancelado el 30 por ciento del monto convenido, una cantidad aproximada a los 5 millones de bolivianos que, según se sabe, aún no han sido recuperados.

Un caso más reciente es el de Abel de la Barra quien a poco de ser destituido fue acusado de uso indebido de influencias por haber ordenado que se realice un operativo de represión que le beneficiaba directamente. En este caso, la imputación se produjo después de que De la Barra fuese sustituido por el general Faustino Mendoza.

Cuando se produjo el cambio, se dijo que éste se debía a la necesidad de ajustar el trabajo policial a un mayor trabajo de prevención. Incluso el presidente Morales habló de realizar trabajos conjuntos entre el Ejército y la Policía para prevenir el crimen. De esa manera justificó el cambio de un comandante que había sido mediatizado como el primer afroboliviano en llegar a ese cargo.

La gestión de Mendoza fue desastrosa, por decir menos, ya que, a poco de asumir el cargo, el entonces nuevo comandante puso a disposición del denominado “proceso de cambio” a los 37.000 efectivos de la Policía Boliviana, pasando por alto la independencia partidaria que debe caracterizar a la institución del orden. Por si fuera poco, luego se lo escuchó en un audio en el que dada instrucciones directas de espionaje a líderes cívicos y opositores. Por esas y otras razones, fue un alivio que sea reemplazado por el general Rómulo Delgado.

Para empeorar todo este panorama, estalló el escándalo de sobornos para el ingreso a la universidad policial que determinó la detención preventiva de algunos generales que formaban parte del alto mando.

En medio de la indignidad y el desprestigio, el 16 de enero de este año fue emitida la Orden General de Destinos 01/2019 que determinaba quiénes serían las autoridades policiales, desde el ayudante general del Ministerio de Gobierno hasta las últimas direcciones de las unidades operativas, pasando por las entidades descentralizadas de la institución del orden.

Eso y el hecho de que se iniciaron labores preventivas en procura de reforzar la seguridad ciudadana dieron la impresión de que por lo menos se estaba iniciando una transformación al interior de la Policía.

Fue en esas circunstancias que el presidente en ejercicio, Víctor Borda, posesionó a un nuevo comandante general, Vladimir Yury Calderón Mariscal. El general Rómulo Delgado no alcanzó a cumplir cuatro meses en el cargo.

¿De qué se trata esta vez? El tiempo nos dará la respuesta