Periodismo amordazado y condicionado

La libertad de prensa en Bolivia exige contemplar aspectos vinculados a relaciones de poder que la determinan, su correlación con las coyunturas políticas y la sociedad en general; además de contemplar el poder autosuficiente de los multimedios que propagaron la pluralidad de voces y celeridad en la información. Este último representa un desafío a aquellas propensiones de libretos convencionales predefinidos y la concentración mediática del espectro comunicacional que configuran sentidos de información pauteados según expectativas e intereses que atentan flagrantemente al acceso y derecho a la información; la veracidad y transparencia contemplados en la Ley de Imprenta, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la CPE.
En el marco de tales disposiciones, el Estado debe garantizar que los medios de comunicación ejerzan plenamente su derecho a la libertad de expresión. Derecho que incluye el no ser censurado a causa de sus opiniones y puntos de vista, de investigar y recibir informaciones, opiniones y difundirlas sin limitación alguna; así como cultivar y construir un ejercicio periodístico responsable y comprometido con el pueblo, sin estar supeditados a ningún poder político o empresarial. Lamentablemente, el Gobierno se ha ocupado de limitar y coartar la libre expresión, recurriendo a una serie de acciones autoritarias y de tráfico clientelar de algunos medios afines al MAS, en desmedro de un periodismo imparcial, crítico y contestatario a intereses ligados al Gobierno y empresarios de la comunicación, que solo buscan réditos políticos y económicos a nombre de la libertad de expresión.
Tales prácticas no solo violan las garantías constitucionales individuales y las leyes, sino que recurren al chantaje perverso para acallar voces disonantes y contrarias de un periodismo valiente, consecuente con sus principios y valores éticos, y que hoy sufre despidos por motivos político-ideológicos; el cierre de programas radiales y televisivos a raíz de una asfixia económica financiera insostenible. A ello se agrega la censura y la peligrosa judicialización que, lejos de dilucidarse en el marco de la Ley de Imprenta como manda la Constitución, es tratada en el ámbito de la justicia ordinaria.
Por ello, el 3 de mayo que conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, varios trabajadores de la prensa coincidieron que Bolivia atraviesa su peor momento en cuanto al ejercicio de este derecho que se ha convertido en una frase muy nominal y vacía, dadas las múltiples restricciones y limitaciones que enfrentan en su labor cotidiana. Entre las más comunes están los condicionamientos de formatos de entrevistas sin opción a preguntas a las fuentes oficiales, la discriminación del gobierno hacia los medios independientes que, por lo general, no son beneficiarios de publicidad estatal pagada; el temor latente a consultar y abordar temas que podrían afectarlos, la censura directa a su trabajo y la tan necesaria autocensura crítica que permita interpelar abiertamente a la autoridad y al gobierno para develar casos sensibles y oscuros. Al parecer, estos y otros factores han dado lugar a que el país descienda tres puestos en el ranking de Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
A pesar de tales agresiones ejercidas por este régimen, que para aferrarse en el poder a como dé lugar, no concibe una verdad, mucho menos una ley que valga más que aquellas que funcionalmente le convengan; aún no han logrado quebrantar la fortaleza moral y coraje de aquellos informadores que anteponen su forma de pensar ante las imposiciones políticas y corporativas; su compromiso y firme convicción con el ejercicio de un periodismo libre de mordazas y condicionamientos que les impidan ser portavoces íntegros de la información a la ciudadanía.

 


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