Estamos en desventaja. La única explicación por las recientes declaraciones de autoridades respecto a la controversia por las aguas del Silala es que estas intuyen –sería temerario decir que saben– que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sería igual de negativo que el que se emitió respecto a la reivindicación marítima.
Veamos tres de esas declaraciones, de más a menos: las primeras son las del presidente del Estado quien, en un sorpresivo giro de 180 grados, no solo apareció poco menos que justificando el uso que Chile hace de las aguas del Silala sino hasta advirtiendo que estamos en desventaja en una eventual negociación: “más agua entra de las cordilleras de Chile a Bolivia que más agua se va de Bolivia hacia Chile, si es así la situación geográfica, mejor es negociar, dialogar”.
Las siguientes son las del canciller quien informó que la dúplica será presentada en el tiempo previsto –hasta hoy, respetando la hora de La Haya– y ni siquiera se dignó responder al Comité Cívico Potosinista (Comcipo) que le conminó a presentarse en Potosí a informar sobre el tema. Cuanto más, el titular de relaciones exteriores dijo que un estudio de la universidad potosina forma parte de esa dúplica.
Comcipo es una organización conflictiva y hay demasiados indicios de que está politizada. El presidente que promovió el paro de las 19 horas, Celestino Condori, es dirigente de Sol.bo y su vicepresidente y sucesor, Jhonny Llally, ha comenzado a recolectar firmas para tener una agrupación política que le permita ser candidato a alcalde. El actual presidente, Marco Pumari, que junto a Llally fue gestor del paro de los 27 días, ya ha convocado a una reunión para analizar el desdén del canciller. ¿Cómo es que el Gobierno se arriesga a desatar una posible nueva ola de protestas?
Finalmente están las acusaciones que un concejal del MAS lanza precisamente contra esos cívicos. Afirma que fue la gestión de Condori la que impidió un arreglo con Chile que por lo menos hubiera permitido cobrar la mitad de la deuda que ese país tiene con Bolivia por el uso de las aguas del Silala.
Por todo lo apuntado, parece que el Gobierno ya ha desplegado una estrategia para evitar que un nuevo fallo desfavorable de la CIJ afecte su imagen: echará la culpa a otros. Si la resolución de este tema es negativa para el país, se culpará a los cívicos potosinos. Así, no importa mucho si estos inician presiones.
Lo que está haciendo, entonces, es abrir el paraguas porque prevé una tormenta. Probablemente está consciente de que fue un error admitir la demanda, no impugnarla, pero ya es tarde para corregir errores.
Ahora lo que queda es esperar el fallo y confiar en que sea favorable al país. Los bolivianos estamos convencidos de la justicia que entraña nuestro derecho respecto a las aguas que brotan de la tierra en el sudoeste pero el CIJ ya nos ha fallado una vez y bien puede volver a hacerlo.
Y es que, al margen de la cuestión jurídica, este caso, como el de la demanda por el mar, parece estar cargado de elementos políticos. ¿Qué hubiera pasado si el fallo de La Haya favorecía a Bolivia? La popularidad de Evo Morales se hubiera disparado a tal punto que su ilegal reelección sería validada por una votación masiva. ¿Qué pasará si el fallo del caso Silala favorece al país?
Como se ve, no es una simple cuestión de derecho internacional. Hay demasiado en juego para que así sea.
