La toponimia era, y es, una valiosa auxiliar de la historia porque ayuda a proporcionar claves del pasado allá donde no siempre se encuentra una prueba documental. Es, en líneas generales, la “rama de la onomástica que estudia el origen de los nombres propios del lugar, así como el significado de sus étimos”. Gracias a ella se pudo determinar, o por lo menos se obtuvo los primeros indicios, de la historia de un lugar.
La historiografía señala que, para el estudio del pasado de un lugar o accidente geográfico, no solo se debe emplear la toponimia sino toda la onomástica que, además de la toponimia, se clasifica en antroponimia (estudio de los nombres de las personas), bionimia (nombres de los seres vivos) y odonimia (nombres de calles, caminos y otras vías). Siempre en procura de recolectar la mayor cantidad posible de información, la historiografía se vale, también, de la zoonimia (nombres de animales), la fitonimia (nombres de plantas) y la oronimia (nombres de montañas y accidentes del relieve).
Cuando no existe ninguna prueba documental –que generalmente se traduce en papeles originales–, ni siquiera restos arqueológicos, la toponimia puede ayudar a armar el pasado de un lugar. Dos claros ejemplos son los topónimos Chuqichaka, del que devino Chuquisaca, y P’utuj unu, que correspondió al territorio que hoy ocupa Potosí. Hoy en día, en pleno siglo XXI, ¿vamos a seguir contentándonos con los significados que manejaba el padre Antonio de la Calancha y fueron actualizados, en alguna medida, por Valentín Abecia Ayllón? ¿Será realmente Chuqichaka el “puente de plata” o el nombre tendrá raíces en el aimara que, según admite la mayoría de los historiadores, fue el idioma predominante en la región hasta antes de la invasión española? ¿Y P’utuj unu? Superada como ha sido la leyenda del cerro que brama, ese topónimo parece tener más sentido en la búsqueda del origen del nombre Potosí.
Aymara y quechua son los idiomas predominantes del occidente boliviano pero no los únicos. La Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, número 269, reconoce, también, al machajuyay-kallawaya, pakawara, puquina y uru-chipaya además de otros 30 correspondientes a las tierras bajas. Estudiarlos ayudaría a desentrañar los misterios de un pasado que apenas se está escribiendo. ¿Qué nos dicen los topónimos Tharaphuq’u, Yutala, Qila Qila, Qupawillki, Yura, Puquwata o Purqu? ¿Quién o qué fue la divinidad Tanqa Tanqa que los charka adoraban en las wak’as Sika-sika y Ch’uruqilla? ¿Cuál era la deidad adorada por los indios de Cantumarca en Mullu Punqu, hoy llamado “cueva del diablo”?
Lamentablemente, muchos de los idiomas del territorio hoy boliviano han desaparecido. Del puquina apenas quedan vestigios mientras que otros, como el sica-sica, paria, charca, caranga, quillaca, lipe y chicha quedan solo como topónimos u orónimos. Es necesario realizar estudios para por lo menos saber qué pasó con ellos.
Por lo apuntado, y más, la ley 269 es muy importante. Si se la lee, esta norma apunta a evitar la desaparición de más idiomas en riesgo de extinción y, bien aplicada, ayudaría a “recuperar y usar términos toponímicos en idiomas indígenas en los lugares públicos a nivel regional, municipal, departamental y plurinacional, en el marco del principio de territorialidad”.
