Resulta poco menos que risible que la Comisión de Análisis del Tribunal Supremo Electoral (TSE) haya identificado una “posible vulneración” a la Ley de Régimen Electoral cuando el presidente del Estado y candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, ofreció dar “lo que ustedes pidan” a los votantes de Morochata (Cochabamba), si es que los resultados electorales en ese municipio le favorecían con el 100 por ciento.
Y decimos “risible” por no decir “patético” ya que lo que aquí se ve no es precisamente un intento de demostrar una imparcialidad del TSE, que ya sabemos que no existe, sino una muestra de dilación alarmante para la jerarquía de un poder del Estado como es el Órgano Electoral Plurinacional.
El hecho en cuestión ocurrió el 18 de junio y mereció la inmediata reacción de los medios de prensa independientes que alertaron que el ofrecimiento público del presidente era una clara infracción al artículo 119 de la Ley del Régimen Electoral que señala que “está prohibida la propaganda electoral, tanto en actos públicos de campaña como a través de medios de comunicación, que (inciso f) Implique el ofrecimiento de dinero o prebenda de cualquier naturaleza”. Este diario fue uno de los que se pronunció al respecto mediante un editorial titulado “Inacción del TSE” que fue publicado el 20 de junio; es decir, 48 horas después del hecho.
A la Comisión de Análisis del TSE le tomó una semana advertir un hecho tan evidente que vulnera con claridad una norma electoral y recomienda que el caso pase a conocimiento de un juez electoral. Desde luego, desconfiamos, y con sobrada razón, de lo que vaya a decidir esa autoridad y, aunque decidiera que esta es una falta que debe ser sancionada, no se llegará al extremo de suspender la candidatura oficialista ya que ese castigo no está establecido en la norma. Por tanto, parece, nomás, un intento de demostrar imparcialidad.
Y es que la triste realidad es que ya no confiamos en el TSE ni en el Órgano Judicial, porque ambos han demostrado moverse al ritmo que impone el oficialismo. Esa es una de las explicaciones de por qué una candidatura anticonstitucional, como es la oficialista, sigue en carrera y, además, lo hace utilizando bienes del Estado.
Cada día, y ante nuestros ojos, el MAS utiliza los bienes del Estado para su campaña política pese a que la Ley 004, que lleva el nombre de Marcelo Quiroga Santa Cruz y ha sido prohijada por el actual régimen, ha convertido al uso indebido de bienes y servicios públicos en otro tipo penal y, por lo tanto, está sujeto a las sanciones establecidas por el Código de la materia.
Pero esa ley es poco menos que un saludo a la bandera ya que la campaña oficialista se realiza ante nuestras narices con todos los bienes que están en manos del MAS, incluidos los de los municipios que controla. Eso es otra violación, esta vez contra el artículo 7 del reglamento del TSE aprobado mediante resolución TSE-RSP-ADM No. 0236 del 24 de mayo de 2019, que califica como “faltas cometidas por servidoras o servidores públicos” a “c) Facilitar durante el periodo electoral uno o más bienes muebles y/o inmuebles públicos a organizaciones políticas…”
Como se ve, el binomio oficialista, en particular, y el MAS, en general, cometen faltas electorales diarias pero el TSE ni se da por enterado. Pero eso no es todo. Muchas de sus acciones son, también, delitos porque no solo vulneran la Ley 004 sino el mismísimo Código Penal. Sobre ellas hablaremos en otras entregas.
