Cuando únicamente varones “leídos y escribidos” ejercían el derecho de ser electores, los dirigentes de partidos políticos no tenían dificultad en la designación de candidatos para integrantes del Poder Legislativo, porque todos eran del sector social de privilegio.
En las últimas décadas del siglo XIX, los militantes de los partidos políticos existentes profesaban, en lo social y económico, la doctrina liberal (católicos del Partido Conservador y librepensadores del Partido Liberal) que prevaleció durante 60 años hasta el advenimiento de otras doctrinas políticas (comunismo, fascismo y nacionalismo).
Predominando desde la segunda mitad del siglo XX la posición política calificada de nacionalista bajo cuyo manto se introdujo el voto universal, los líderes de esa colectividad no tuvieron durante 30 años dificultad para copar las plazas del Poder Legislativo y gobernar en un marco de absolutismo.
Durante los últimos veinte años del siglo XX quedó excluido el régimen absolutista, en atención a que ningún partido político pudo lograr plenitud en el Poder Legislativo. A inicios del siglo XXI retornó el sistema de gobierno de tipo absolutista, cuyos líderes que gobiernan desde el año 2006 con quebrantamiento de la regla constitucional que permite reelección por única vez de manera continua, pretenden nueva reelección ilegal.
No tendrán dificultad para presentar su nómina de postulantes a senadores y diputados. Según informaciones procedentes de fuentes generalmente bien informadas y que habitualmente merecen fe, el candidato a seguir en la función de Vicepresidente de la República expresó: “Una clave son los dos tercios de la Asamblea. Eso posibilita que el MAS elija autoridades judiciales, autoridades electorales, y puedan poner a quienes quieran en determinados lugares para tener control”.
Dicha declaración significa que los espurios candidatos al Poder Ejecutivo y a la Presidencia del Legislativo tienen el propósito de reiterar la práctica de gobernar sin cumplimiento de la norma de independencia y separación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
La participación de varios pretendientes al Poder Ejecutivo no debe evitar acuerdos con destino a postulantes al Poder Legislativo. Es necesario el equilibrio o contrapeso entre mayoría o minoría, propio de la forma democrática representativa de gobierno.
