No sorprende a nadie que el juez electoral de Morochata se haya declarado incompetente para sustanciar un procedo cuyo propósito era determinar, judicialmente, si el presidente Evo Morales vulneró la ley al ofrecer “lo que ustedes pidan” a los habitantes de ese municipio a cambio de sus votos en las elecciones de octubre.
De buenas a primeras, parecería un contrasentido. ¿Cómo es que un juez electoral se declara incompetente para conocer de un hecho que tiene que ver con la ley electoral? Al escuchar algo semejante, lo primero que se nos viene a la cabeza es que, además de jurídico, “incompetencia” tiene, también, un sentido gramatical.
El incompetente es, simple y llanamente, el que no tiene competencia y esta última significa, en Derecho, el “ámbito legal de atribuciones que corresponden a una entidad pública o a una autoridad judicial o administrativa”. En términos generales, “competencia” es “pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo”. Jurídicamente, el incompetente es aquel que no puede intervenir en algo, porque no está dentro de sus atribuciones, mientras que, fuera de las esferas judiciales es simplemente alguien que no puede hacer algo, “que no tiene la capacidad suficiente para hacer cierta cosa, especialmente un trabajo, o para ocupar un determinado puesto”. ¿En cuál de esas clasificaciones hay que ubicar al juez de Morochata?
Mientras debatimos una respuesta, revisemos el artículo 235 de la Ley N° 026 del Régimen Electoral que fue el invocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para definir que la presunta infracción del presidente sea resuelta por el juez de marras. Esa norma señala que “las sanciones por faltas electorales serán establecidas por el Tribunal Supremo Electoral en Reglamento y aplicadas por los Jueces Electorales”. Eso quiere decir, más allá de si existe un reglamento o no, que la entidad competente para señalar si las acciones del presidente en Morochata eran o no vulneraciones electorales era, y es, el TSE. Lo que le corresponde hacer al juez no es determinar si hubo vulneración o no, sino aplicar la sanción que debe ser establecida por el Tribunal Supremo Electoral. Eso quiere decir, entonces, que, en efecto, el juez de Morochata es incompetente para resolver si hubo o no transgresión a la ley. Es incompetente y no un incompetente.
Al parecer, la decisión de remitir el caso al juez electoral fue la manera que el TSE encontró para quitarse la papa caliente de las manos porque, como hemos visto suficientemente, la mayoría de sus integrantes puede hacer cualquier cosa, hasta vulnerar la ley, pero no importunar al presidente Evo Morales. Eso determinó que le echaran el bulto a otro.
Este manejo arbitrario de la ley se ha convertido en el sello del TSE, particularmente desde que habilitó al binomio gubernamental para las elecciones de octubre, pese a que eso constituía una violación al artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Lo que vemos, con una frecuencia que a nadie del gobierno parece importarle, es que, a partir de entonces, la normativa electoral se fue acomodando a los intereses de la candidatura oficialista, sin ningún pudor ni vergüenza.
El presidente y vicepresidente pueden hacer su campaña utilizando bienes y recursos del Estado. Lo hacen diariamente y ante nuestras narices. Aunque suene trillado, “nadie dice nada”. No solo les permiten candidatear, sino que no iban a pedirles su renuncia en el tiempo establecido por ley. Para que eso no parezca discriminatorio, el deshonrado Tribunal Constitucional salió a salvar el asunto y dijo que ningún candidato está obligado a dejar su cargo.
Y, así, vemos cómo le siguen sirviendo la mesa al binomio oficialista.
