La inscripción (y posterior segura habilitación) del binomio oficialista en el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones generales del 20 de octubre, pese a la prohibición expresa del referéndum del 21 de febrero de 2016, constituye una estocada al corazón del sistema democrático y constitucional. Que el Órgano Electoral haya desconocido el 21F, que organizó, administró y ejecutó, tiene que encender las alarmas.
El referéndum que promovió el Gobierno tiene nombre y apellido: ¿Está usted de acuerdo con la reforma del artículo 168 para permitir que el Presidente o Presidenta y el Vicepresidente o Vicepresidenta puedan ser reelectos por dos veces de manera continua, la que habilitaría la candidatura de los actuales mandatarios para el periodo 2020-2025?
Esta fue la pregunta del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuyo resultado fue el 51,30% para el No y 48,07% para el Sí, y es vinculante para los Órganos del Estado porque nadie puede estar por encima de la voluntad del soberano. Con excepción del Gobierno, nadie ha desconocido estos resultados, de modo que se mantiene la prohibición (en el plano normativo) para la reelección indefinida de los candidatos oficialistas. La monstruosa sentencia constitucional 84/2017, de 28 de noviembre, tampoco anuló o dejó sin efecto el resultado del referéndum, que buscaba habilitar “la candidatura de los actuales mandatarios para el periodo 2020-2025”.
De ahí porqué la cuarta habilitación del binomio Evo Morales y Álvaro García Linera constituye una ruptura del sistema constitucional y una amenaza directa para la democracia boliviana. ¿Cómo podríamos confiar en los resultados de las elecciones generales si fuesen contrarios al binomio que ha desconocido el 21-F? Y como el Tribunal Supremo Electoral no solo ha ignorado esta histórica consulta popular, terminará sellando la reelección indefinida del oficialismo.
El objetivo supremo del Gobierno es la reelección indefinida; el procedimiento o los procedimientos son detalles menores. El fin justifica los medios. El monstruo del fraude ha comenzado a tomar cuerpo en los departamentos de Pando y Beni, y la maquinaria estatal ha montado una campaña brutal (con la plata de todos los bolivianos) para anestesiar al electorado de que todo es democrático y constitucional.
Que los candidatos oficialistas no respeten el referéndum que ellos mismos promovieron, administraron y controlaron, evidencia que no son verdaderos demócratas e instrumentalizan los mecanismos constitucionales en función de sus intereses partidarios. Y como la concentración del poder es el objetivo central del Gobierno, ya hace rato que se cargaron la separación e independencia de los Órganos del Estado y todo lo que supone institucionalidad. Cabe recordar que el MAS siempre buscó obtener el poder, pero no cualquier tipo de poder, sino el poder total y absoluto, al estilo del que detentan y practican Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Así, por ejemplo, a título de “refundar” Bolivia, han buscado desmontar todo el edificio construido durante el más que centenario sistema republicano: la división e independencia de los Órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), libertad de expresión, propiedad privada, economía de libre mercado, etc. En este sentido pueden variar los métodos, las formas, las acciones, las circunstancias, con tal de llegar al objetivo fundamental: destruir los avances liberales y potenciar el mando absoluto del caudillo para imponer el socialismo del siglo XXI.
Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera se han declarado “marxistas leninistas” y tienen el apoyo de Cuba y Venezuela; sin embargo, han tenido el cuidado de no utilizar el término “revolución”, sino “proceso de cambio”, seguramente por el fracaso y descrédito internacional de los denominados regímenes “revolucionarios” a partir de la caída del muro de Berlín.
Las elecciones generales del 20 de octubre serán determinantes para reencauzar la institucionalidad democrática o terminar siguiendo el modelo venezolano.
