Desde la aparición del hombre sobre la faz de la tierra, ha tenido que lidiar con la naturaleza y con su propia condición humana.

Por eso, en cuanto el hombre resolvió parcialmente el problema de ganarse la vida, tuvo que hacer frente a la tarea de reglamentar las relaciones humanas.

En el mundo occidental, desde la Grecia antigua y las ciudades Estado, pasando por la República e Imperio Romano y las monarquías europeas, hasta nuestros días, el Estado moderno se constituye en la institución que ha sobrevivido a la larga lucha por el poder colectivo.

No deseo entrar en un terreno de análisis histórico de la evolución del Estado como institución, simplemente quiero referirme a los sistemas de organización de las democracias liberales modernas, las cuales, con sus imperfecciones, constituyen los sistemas políticos que han logrado el mayor desarrollo nunca antes visto en la historia de la humanidad, contrastando con otros sistemas de Estados totalitarios y socialistas, probadamente fracasados. W. Churchill decía: "La democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes". 

Todas las democracias liberales, independientemente de sus diferencias y particularidades, tienen algunos aspectos en común, una fuerte institucionalidad y la división de poderes, inspirados en el constitucionalismo anglosajón y francés, basados en los estudios de Locke y Montesquieu.

Hasta entonces la diversidad de órganos y la clasificación de funciones obedecían a una mera división de trabajo, pero a partir de Locke, la finalidad primordial consiste en la necesidad de limitar el poder.

La idea básica que expone Montesquieu  en su doctrina, fue la de asegurar la libertad y la dignidad del hombre, por la diversificación de poderes y por la necesidad de evitar la concentración de potestades en uno solo, afirmando de manera concluyente: “Cuando se concentran el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados –dice el pensador francés– no hay libertad, no hay tampoco libertad, si el Poder Judicial no está separado del Poder Legislativo y del Ejecutivo” en estos términos, toda la esencia democrática se desvanece.

Si ponemos a la democracia boliviana, bajo la lupa de estos principios elementales para calificarla, vemos con tristeza que la institucionalidad y la división de poderes han desaparecido y, con ellas ciertas libertades y derechos de los ciudadanos. 

En un escenario en el que la concentración del poder en un solo órgano, es más que evidente, donde la recurrente violación de las leyes y la CPE, parte de los principales mandatarios de gobierno, con un Órgano Supremo Electoral totalmente sometido al Órgano Ejecutivo, no existen garantías para que el voto ciudadano se refleje en un sano ejercicio de la soberanía democrática expresada en el voto. 

Sin estos requisitos, la democracia solo resulta ser una cáscara vacía, máxime si como todo parece, existen serias sospechas de que el voto ciudadano será prostituido por el fraude.

Si a esto le añadimos que los candidatos oficialistas están ilegalmente habilitados para las justas electorales, la ciudadanía está perdida en un piélago de confusiones y encerrada entre la disyuntiva de abstenerse de participar en las elecciones del 20 de octubre, esperando que los candidatos de la oposición hagan lo mismo para no avalar la ilegal participación oficialista o intentar no dispersar su voto, buscando una necesaria alternabilidad en el Gobierno, aspecto este último que resulta vano ante la desunión y sinrazón de los candidatos opositores, que parecen buscar únicamente sus intereses personales y satisfacer sus inflados egos.