Desde que el subsistema de justicia anticorrupción, hace menos de dos años, empezó a generar sus primeros resultados y, siguiendo debidos procesos, puso tras las rejas a políticos y empresarios acusados de corrupción, según aquella minoría que ha gobernado históricamente nuestro país, los problemas del Perú cobraron vida.
Antes vivíamos los beneficios del crecimiento económico y nos proyectábamos al futuro como un país pacificado y reconciliado. Además disfrutábamos de la eficacia y efectividad de los servicios básicos que nos brindaba el Estado (justicia, salud, educación, deporte, saneamiento y vivienda, registros, etc.) y veíamos con entusiasmo y respeto religioso la ejemplar y educadora función legislativa y fiscalizadora del Congreso de la República. Teníamos un Gobierno central con estadistas honestos y genuinos promotores de carrera pública y paradigmas de la transparencia de la gestión y el Gobierno. Los gobernadores regionales y alcaldes –todos– cumplían sus mandatos y sumaban para que nuestro Perú sea ejemplo mundial de buen gobierno, pulcritud y decencia. Contábamos con una democracia casi perfecta, entre otros aspectos, gracias a la visión y plan de país del mundo empresarial, el mérito y aportes de nuestros servidores públicos, pero sobre todo aprendíamos del desprendimiento, integridad e identidad con lo peruano de los políticos.
Lo antes indicado es el mensaje que, irresponsable y tendenciosamente, los corruptos intentarán posesionar en el imaginario de la población, en el tiempo que sigue, con el fin de confundirnos, enfrentarnos y seguir manipulándonos. Se están valiendo para ello de su esencia, mentiras y todo tipo de inmoralidades. En ese sentido, sus portavoces y operadores en la prensa, las empresas y sus niveles de representación, el mundo de la política fallida, el secuestrado Congreso, algunos ámbitos clave del Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, no están vacilando en salir y defender la corrupción y la impunidad, usando y abusando de instrumentos que hacen a una democracia, como la libertad de expresión, la participación política, la inmunidad parlamentaria, la presunción de inocencia, etc.
Resulta que ahora, para estos indeseados de la política nacional y sus aliados y operadores, los culpables de la crisis del país son los fiscales Rafael Vela y José Pérez o los jueces Richard Concepción Carhuancho y Jorge Luis Chávez y todo aquel que se les enfrenta; entre ellos el presidente Martín Vizcarra. Son ellos los que “perturban nuestra democracia”, “alejan la inversión privada”, “generan recesión” y nos muestran en el contexto internacional como “país no confiable”. Son ellos los “autoritarios” y “dictadores”, los “violadores de la Constitución”, los “rojos” y “terrucos”; pero sobre todo los principales causantes del entrampamiento institucional que nos acosa.
Para estos corruptos de ayer y de hoy, entre otras tantas formas de sus fechorías, la organización criminal de los “cuellos blancos del puerto”, que estaría integrada –para generarles impunidad– por algunos jueces y fiscales superiores y supremos además de consejeros del extinguido Consejo Nacional de la Magistratura, no existió y tampoco existe hoy. Los financiamientos ilegales (en la modalidad de lavado de activos y otros tipos penales) a campañas de candidatos identificados y su organización política a cambio de futuros contratos de millonarias obras, tampoco se dio. Las coimas entregadas por la corrupta y corruptora Odebrecht a expresidentes del país, gobernadores y alcaldes tampoco son ciertas. Menos se ajusta a la verdad que “periodistas” y “analistas políticos” vendan su opinión a favor de la corrupción por unos cuantos dólares. No es real igualmente que algunos arcángeles del Congreso, casi todos reclutados por la señora “K”, estén ligados al narcotráfico y que la inmunidad de la que gozan y la ayudita de “los hermanitos” y los “cuellos blancos del puerto” les haya permitido –hasta ahora– impunidad; al igual que a los otros que en función congresal en los últimos meses y años han cometido delitos.
Para los corruptos, que cada día vemos desfilar por la televisión y la radio adicta al latrocinio contra el pueblo peruano, todos son culpables de las desgracias del Perú, menos ellos. Por eso se sienten y conducen como los intocables, los probos y generosos, los inmaculados y algunos son vendidos como los mesías. Si la población los repudia y los quiere fuera de toda función de Estado, es porque está desinformada, son manipulados por gente del Gobierno o forman parte de alguna “facción terruca” que quiere derrocarlos porque desprecian la democracia y quieren evitar el desarrollo del país.
Así de insultante y testaruda es la defensa de la corrupción y la impunidad en este tiempo en nuestro Perú. Por eso, así de fuerte y potente también debe ser nuestra protesta y movilización social en defensa de la institucionalidad democrática. Seguros, insuperables e imperturbables debemos mostrarnos, porque no estamos lidiando con personas comunes, sino con integrantes de organizaciones puestas al servicio del crimen.
Si permitimos que los corruptos se queden y nos sigan gobernando, estaremos heredando a nuestros hijos una sociedad desahuciada, de siervos, con miedo, sin iniciativa y marcada por la cultura del fracaso. Si derrotamos a los corruptos, los estaremos expulsando de la escena nacional y daremos un salto cualitativo hacia una vida digna, con equidad, justicia, progreso, pan y, entre otros tantos beneficios, libertad.
Los peruanos necesitamos repensarnos como individuos, como sociedad, como país y renovarnos estructuralmente. Imposible no es.
