Hace solo tres días, y a propósito de uno en el que hubo una docena de muertos, publicábamos en este mismo espacio nuestra consternación sobre las elevadas cifras de accidentes de tránsito en nuestro país.

No hace falta esperar otra tragedia en los caminos, o nuevos reportes con cifras, para volver a tratar el asunto ya que la única respuesta de la Policía ha sido ejecutar mayor control en las rutas. ¿Será suficiente?

Actualmente vivimos una nueva ola de accidentes, tanto en las calles como en los caminos de nuestro país. Nada novedoso, pues este es uno de los muchos asuntos que, de tanto repetirse, han pasado a formar parte rutinaria de la agenda informativa nacional. Y si algo cambia con el transcurso del tiempo, es para empeorar. Cada año son mayores las cifras que dan cuenta de la cantidad de víctimas de los accidentes de tránsito, entre muertos y heridos.

El problema es tan grave que muchos estudios que indagan sobre el tema a escala mundial coinciden en señalar a Bolivia como un caso extraordinario. Es uno de los países con mayores índices de muertes ocasionadas por accidentes automovilísticos y con marcada tendencia hacia un constante empeoramiento.

Los datos disponibles confirman que esa no es una exageración. El informe de la Defensoría del Pueblo, al que ya aludimos el martes, indica que solo durante el primer trimestre de 2019 ocurrieron 1.106 accidentes, dejando 260 personas fallecidas y 1.556 heridas, gran parte de ellas inhabilitadas para realizar sus actividades cotidianas. 

La investigación también comprobó que las principales causas de tanta desgracia son atribuibles a la pésima labor del Organismo Operativo de Tránsito. El malísimo sistema de inspección técnica del estado de los vehículos es un ejemplo de lo dicho. Pero más grave aún es la inexistencia de un servicio de Patrulla Caminera. Y si excepcionalmente hay alguna presencia policial en los caminos, suele ser con afanes extorsivos más que de prevención. 

Es un asunto tan trillado, que poco a poco se va incorporando a nuestro concepto de normalidad. Lo mismo puede decirse de los feminicidios, las violaciones sexuales contra niños o las muertes en los cuarteles, entre otros síntomas de descomposición social. Lo peor es que tanto entre autoridades como entre la ciudadanía en general parece haberse impuesto una especie de resignada aceptación.

Una prueba de lo dicho es que tan previsible como la tendencia hacia el empeoramiento de los males, son las reacciones de las autoridades encargadas de hacer algo al respecto. En el caso de los accidentes, por ejemplo, ya se ha anunciado mayor control en los caminos y quizás se llegue a alguna forma de endurecimiento de la ley. Probablemente se destine cuantiosos recursos a la adquisición de “modernas tecnologías” para evitar tanto derramamiento de sangre en los caminos del país. Sobre esto último, habrá que recordar que hubo anuncios similares en el pasado reciente pero no fueron cumplidos. 

Las autoridades prometieron instalar GPS en los buses pero no hay noticias de tales dispositivos; ofrecieron policías encubiertos como pasajeros y tampoco se supo más. Es que quienes tienen el poder no viajan en bus, se trasladan en avión o en helicóptero y no saben la realidad que confrontan la mayoría de los bolivianos. 

No podemos seguir con tantos accidentes ni muertos. Se precisan autoridades que sepan establecer reglas e imponer el orden. De lo contrario, Bolivia seguirá registrando tragedias que engrosan las estadísticas y dejan luto. A los ciudadanos les toca exigir controles y convertirse en fiscalizadores de los conductores que los transportan.