El trato privilegiado del que actualmente gozan los militares tiene serias consecuencias sobre el sistema político y económico de nuestro país. Por consiguiente, del rol que se les asigne depende en gran medida el futuro nacional
Durante los últimos días, más concretamente desde el 7 de agosto pasado, cuando se llevaron a cabo los actos de conmemoración del “Día de las Fuerzas Armadas”, se ha producido una serie de noticias que han tenido la virtud de recordarnos que entre todas las asignaturas pendientes que tenemos figura la necesidad de aclarar cuál es el rol que juega la institución militar en la vida nacional.
Una de las noticias a las que nos referimos es el anuncio hecho por Evo Morales sobre su intención de incorporar a representantes de las FFAA en los directorios de las empresas estratégicas del Estado para “...ampliar su responsabilidad en la seguridad de nuestras principales industrias estratégicas vinculadas a la energía, hidrocarburos, petroquímica, hierro, litio, empresas o industrias alimenticias”.
Ante tales palabras, hubiera sido de esperar que los principales candidatos opositores aprovechen la oportunidad para dar algún indicio sobre el lugar que el tema ocupa en sus planes de gobierno. Tampoco han dicho algo sobre lo que proponen al país sobre el servicio militar obligatorio o la desmesurada cantidad de privilegios de los que gozan los militares. Más allá de insustanciales declaraciones, optaron por el cómodo silencio, tal como lo vienen haciendo en relación a otros temas de vital importancia para el futuro del país.
Eso es muy grave, pues el trato privilegiado del que actualmente gozan los militares tiene serias consecuencias sobre el sistema político y económico de nuestro país. Por consiguiente, del rol que se les asigne depende en gran medida el futuro nacional.
Sobre la dimensión política del asunto, resulta evidente lo que eso significa. En cuanto a lo económico, para tener una cabal idea de lo peligrosa que es la iniciativa presidencial, basta recordar que, actualmente, las FFAA ya tienen a su cargo la administración de unas 15 empresas y todas ellas tienen algunos elementos en común. Por ejemplo, la total falta de fiscalización, a pesar de no haber podido impedir que salgan a la luz pública escandalosos casos de corrupción, malversaciones, pésimas inversiones y, por consiguiente, multimillonarias pérdidas, por un lado y acumulación de grandes fortunas privadas por el otro.
Por eso, y por muchas otras razones, lo menos que puede exigirse a quienes aspiran gobernar Bolivia es que digan algo al respecto.
